El reciente fallo de la Corte Constitucional (CC), que declaró inconstitucionales los decretos 500 y 505 del presidente Daniel Noboa, ha dejado incertidumbre en la Asamblea Nacional, donde ninguna bancada ha tomado decisiones concretas sobre la designación de Cynthia Gellibert como presidenta encargada mientras Noboa se encuentra en campaña electoral. La medida fue cuestionada por ocho de los nueve jueces del alto tribunal.
Las posibles acciones legislativas se postergarán hasta después de las elecciones del 9 de febrero, cuando los asambleístas titulares retomen sus funciones tras finalizar su periodo de licencia por campaña.
Actualmente, la atención está centrada en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), quienes podrían tomar medidas sobre el caso. Gabriel Bedón, asambleísta de Construye, mencionó que si bien la sentencia de la CC no menciona directamente a estos organismos, su referencia a “olas instancias competentes” podría aludir a la Función Electoral.
El independiente Jaime Guevara criticó la resolución de la CC, calificándola de "paños tibios" por no establecer sanciones claras para las acciones previas ni advertencias contundentes para el futuro, especialmente ante una eventual segunda vuelta electoral. Además, expresó escepticismo sobre la posibilidad de que el CNE o el TCE tomen acciones firmes.
En respuesta a la polémica, el legislador de Revolución Ciudadana, Patricio Pazmiño, presentó este 4 de febrero una propuesta de reforma al Código de la Democracia. Su iniciativa busca establecer que las autoridades que busquen la reelección deban solicitar licencia sin sueldo ante la Asamblea Nacional, evitando así interpretaciones ambiguas.
"Las reglas deben ser claras: cualquier autoridad en campaña debe pedir licencia a la Asamblea. No podemos seguir con interpretaciones discrecionales", señaló Pazmiño.
Gissela Garzón, también de Revolución Ciudadana, destacó que la Asamblea debería fiscalizar al CNE. Sin embargo, recordó que en el actual periodo electoral está prohibido realizar este tipo de controles, lo que también mantiene paralizado el juicio político contra cuatro vocales del organismo.
Además, la asambleísta insistió en que si Noboa llega a una segunda vuelta, debería pedir licencia formalmente para enfocarse en su campaña. No descartó que en el futuro la Comisión de Fiscalización investigue un posible caso de peculado, ante el presunto uso de fondos públicos en actividades proselitistas.
En paralelo, el candidato presidencial de Unidad Popular, Jorge Escala, exigió que la Fiscalía fije fecha y hora para una audiencia de formulación de cargos contra Gellibert y Noboa. Escala los denunció el pasado 8 de enero por los delitos de usurpación y simulación de funciones públicas, así como retención ilegal de mando.
Según Escala, la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 500 y 505 por parte de la Corte Constitucional confirma que su acusación tiene sustento y que se deben formular cargos contra el mandatario y la secretaria de Administración.
Ante este panorama, la atención estará puesta en las reacciones del CNE y el TCE, así como en el desarrollo de la propuesta de reforma impulsada por el correísmo. Mientras tanto, la Asamblea Nacional continuará en una pausa política hasta después del 9 de febrero, cuando los legisladores retomen sus funciones y evalúen las acciones a seguir en este caso.
Fuente: Primicias
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