Diputados de Costa Rica aprueban reducción de impuesto a trabajadores independientes; gobierno evalúa veto

 

Costa Rica

La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate un proyecto de ley que reduce el impuesto sobre la renta a los trabajadores independientes, luego de que el gobierno lo mantuviera en pausa durante tres meses tras el visto bueno de la Sala Constitucional.

La iniciativa, impulsada por el Frente Amplio (FA) y tramitada bajo el expediente 23.578, obtuvo el respaldo de 35 diputados de seis fracciones políticas e independientes. En contra votaron los ocho legisladores del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

El cambio aprobado eleva el umbral de exención del impuesto sobre la renta de ¢4.181.000 a ¢6.244.000 anuales, lo que equivale a un incremento de ¢348.000 a ¢520.000 mensuales. Como resultado, quienes perciben ingresos superiores también experimentarán una reducción en el monto a pagar. Por ejemplo, quienes ganan ¢7 millones anuales verán su impuesto reducido de ¢320.000 a ¢75.000.

El gobierno se ha mostrado reticente a la medida. La diputada oficialista Pilar Cisneros llevó el proyecto a consulta ante la Sala Constitucional, pero los magistrados determinaron que no presentaba vicios de inconstitucionalidad. A pesar de esto, el Ejecutivo excluyó la propuesta de la agenda de sesiones extraordinarias, retrasando su votación hasta febrero.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ha advertido sobre la posibilidad de un veto. "Vamos a analizar a quién beneficia realmente esta reforma. Si los más favorecidos son los grupos de mayores ingresos, lo haremos saber a la ciudadanía", señaló.

Por su parte, el legislador Jonathan Acuña, impulsor del proyecto, argumentó que la legislación corrige una injusticia fiscal. “Los trabajadores independientes en Costa Rica pagan más impuesto sobre la renta que los asalariados, a pesar de que muchos ejercen como independientes debido a la precarización laboral y no por elección”, afirmó.

Con la aprobación en firme del proyecto, la decisión final queda en manos del Ejecutivo, que deberá definir si promulga la ley o la veta.

Fuente: Nación

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