La Fiscalía General del Estado de Ecuador ha solicitado a una jueza especializada en delitos de corrupción y crimen organizado en Quito que fije fecha y hora para la audiencia de vinculación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el caso Triple A. Esta solicitud llega tres días después de los allanamientos a gasolineras presuntamente involucradas en la investigación.
Según el documento oficial, la Fiscalía busca vincular a 10 personas, entre ellas el alcalde Álvarez, cuya empresa Copedesa también está bajo indagación en este proceso.
El caso Triple A investiga un presunto delito de almacenamiento, envasado, comercialización o distribución ilegal de combustibles. De acuerdo con la Fiscalía, existirían diferencias significativas entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones y empresas, entre ellas Copedesa.
Tras conocer la solicitud de vinculación, el alcalde Álvarez reaccionó en sus redes sociales, asegurando que asistirá a la audiencia una vez que se fije la fecha. No obstante, denunció que se trata de una persecución política por parte del gobierno de Daniel Noboa.
"Nos veremos en la audiencia, sin problema. A mí nadie me va a callar", escribió en su cuenta de X.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada el 12 de julio de 2024 por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en la que se reportaban irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles.
En diciembre de 2024, la Fiscalía llevó a cabo una audiencia de formulación de cargos en la que se dictaron medidas cautelares contra cinco personas y cinco empresas, dos de ellas vinculadas a la familia de Álvarez.
Uno de los hallazgos clave de la investigación es que una estación de servicio adquirió más de 7 millones de galones de diésel, a pesar de contar con una capacidad de almacenamiento de apenas 10.000 galones, lo que ha despertado sospechas de desvío de combustible subsidiado a sectores no autorizados.
De confirmarse las acusaciones, los implicados podrían enfrentar una pena de uno a cinco años de prisión, según el Código Integral Penal de Ecuador.
Fuente: Primicias
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