Un informe revela que 236 de los 2.089 candidatos a la Asamblea Nacional en las elecciones de 2025 han enfrentado o enfrentan procesos penales por delitos como estafa, concusión, abuso de confianza, delincuencia organizada e incluso asesinato. Esto representa un 11% de los aspirantes, según una investigación realizada por una alianza periodística.
Desde la entrada en vigor del Código Integral Penal (COIP) en 2014, estos candidatos han registrado denuncias en su contra. Aunque la mayoría de los procesos han sido archivados, algunos continúan en curso. Sin embargo, varios postulantes han utilizado su condición de candidatos para suspender temporalmente sus procesos judiciales.
El Código de la Democracia establece que los candidatos no pueden ser detenidos ni procesados penalmente desde su calificación hasta la proclamación de resultados, salvo en casos de delito flagrante, violencia de género o delitos sexuales. Si resultan electos, gozarán de fuero de corte nacional, lo que implica que solo podrán ser juzgados por la Corte Nacional de Justicia.
Entre los casos más notorios está el de Armando Flor Izaguirre (PID), implicado en el caso "Metástasis" por presunta vinculación con el narcotraficante Leandro Norero. Laura Guato Yupanqui (PSC), aspirante en Chimborazo, fue detenida en flagrancia en 2024 por perforación ilegal de un poliducto de Petroecuador. Wilver Arteaga Palacios, exalcalde de Montecristi y candidato por Camino Manabita (PSC y Cambio), enfrenta un proceso por presunto peculado con un perjuicio de USD 687.726.
El candidato con más denuncias es Dick Borja Quiñónez (RETO), con 29 procesos en los últimos 10 años, en su mayoría por estafa. Otros postulantes con varios antecedentes incluyen a Otto Vera Palacios (19 casos), José Bolívar Castillo Vivanco (7) y Jaminton Intriago Alcívar (7).
La Revolución Ciudadana (RC) lidera la lista de partidos con mayor cantidad de candidatos que han enfrentado procesos judiciales, con 24 aspirantes. Le siguen SUMA (23), ADN (20), Amigo (19) y PSC y RETO (17 cada uno).
Por provincias, Zamora Chinchipe registra el porcentaje más alto de candidatos con antecedentes penales (36%), seguido de Pastaza (28%), Santo Domingo de los Tsáchilas (23%) y Manabí (22%). En la otra cara de la moneda, Sucumbíos, Napo y Azuay tienen solo un 5% de postulantes con procesos judiciales.
El informe también revela que 733 candidatos (35%) no han presentado su declaración de impuesto a la renta al menos una vez entre 2017 y 2023, y 153 tienen deudas pendientes con el fisco. La organización política con mayor número de aspirantes en esta situación es Amigo (57), seguido de CREO y el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) con 56 cada uno.
Entre los aspirantes con más obligaciones tributarias pendientes está Annabella Azín Arce (ADN), madre del presidente Daniel Noboa, junto con Ignacio Alfonso Crespo (PSP) y Doménica Vásconez Miranda (Avanza), quienes no han declarado impuestos en el período analizado.
Además, 320 candidatos no figuran en la base de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), lo que indica que nunca han tributado. De estos, 175 son mayores de 25 años.
El proceso electoral de 2025 registra una cifra récord de candidatos para las 151 curules del Legislativo. La Asamblea Nacional, encargada de legislar y fiscalizar al gobierno, podría recibir un número significativo de legisladores con antecedentes judiciales y obligaciones tributarias pendientes.
Esta investigación fue realizada por Fundamedios con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) y la participación de 38 periodistas. PRIMICIAS y otros 37 medios de comunicación se han sumado a la difusión de estos hallazgos.
Fuente: Primicias
.jpg)