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El anuncio de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, sobre la posible clausura de la base militar estadounidense en Honduras ha generado una fuerte reacción de la oposición y de analistas políticos. La mandataria condicionó esta medida a la realización de deportaciones masivas de migrantes hondureños por parte del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
“La presidenta Castro nos coloca en una situación de gran vulnerabilidad al hacer una declaración basada en intereses ideológicos y personales. Esto representa un error estratégico”, declaró Jorge Cálix, precandidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras (PLH), en entrevista con The Associated Press. Honduras se prepara para elecciones generales el próximo 30 de noviembre.
En su mensaje de Año Nuevo, Castro afirmó que, ante una política hostil de Estados Unidos hacia los migrantes hondureños, su gobierno podría replantear la cooperación bilateral, especialmente en el ámbito militar. “Por décadas, Estados Unidos ha mantenido bases militares en nuestro territorio sin costo alguno. Si continúan con estas acciones, esas bases perderían toda razón de existir en Honduras”, expresó.
Sin embargo, también manifestó su intención de establecer un diálogo constructivo con el futuro gobierno de Trump.
Jorge Cálix destacó la relevancia de la base militar de Palmerola, ubicada en el departamento de Comayagua, donde operan aproximadamente mil efectivos de Estados Unidos y Honduras en tareas conjuntas contra el narcotráfico en la región centroamericana.
Por su parte, Olban Valladares, analista político y aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Innovación y Unidad (PINU), calificó la postura de Castro como “imprudente” e “inoportuna”. “Honduras no tiene capacidad para amenazar a Estados Unidos. Las consecuencias de una ruptura serían devastadoras para nuestro país”, advirtió Valladares.
El analista también señaló que la advertencia podría afectar a los migrantes hondureños y a las remesas que envían a sus familiares. En 2023, las remesas alcanzaron los 9,177 millones de dólares, según el Banco Central de Honduras, con el 91.1% de estos envíos provenientes de Estados Unidos.
“La presidenta debe priorizar el bienestar de la población hondureña y apegarse a principios diplomáticos”, agregó Valladares, quien también acusó a Castro de poner en riesgo a los migrantes al acelerar posibles deportaciones.
Cálix también vinculó las declaraciones de Castro con intereses familiares. Recordó que, en agosto de 2024, la mandataria denunció el tratado de extradición con Estados Unidos, pocos días después de que surgieran videos implicando a su cuñado, Carlos Zelaya, en presuntas negociaciones con narcotraficantes.
En los videos, grabados hace 11 años, se escucha a Zelaya negociar sobornos, mencionando que parte del dinero sería para el expresidente Manuel Zelaya, hermano de Carlos y esposo de Xiomara Castro. Estos eventos han generado dudas sobre las motivaciones detrás de las acciones del gobierno.
La controversia en torno a la amenaza de Castro subraya la tensión en la relación bilateral con Estados Unidos y plantea interrogantes sobre las prioridades políticas del gobierno hondureño en un contexto de crecientes desafíos económicos y sociales.
Fuente: Proceso
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