Venezuela despliega 1,200 militares para asegurar la juramentación de Maduro

 
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El Gobierno de Venezuela ha movilizado 1,200 efectivos militares en todo el país como parte de un dispositivo de seguridad destinado a “garantizar la paz” en los preparativos para la toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro, prevista para el próximo 10 de enero. La información fue confirmada por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEO-FANB).

“Vamos a garantizar la paz del país, la seguridad del pueblo y el desarrollo de este acto histórico. El 10 de enero, juraremos junto al presidente”, declaró el coronel Alexander Granko Arteaga, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en un video difundido a través de Instagram.

Granko Arteaga detalló que este despliegue de funcionarios forma parte de una estrategia integral para asegurar la estabilidad del país, destacando que “opositores y amenazas externas han sido combatidos con resultados exitosos” y que 2025 no será la excepción.

El presidente Nicolás Maduro, reelegido por otros seis años en los comicios del pasado 28 de julio y proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), confirmó su intención de asistir al Parlamento, controlado por el chavismo, para formalizar su juramentación. Sin embargo, la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), calificó las elecciones como fraudulentas, insistiendo en que su candidato, Edmundo González Urrutia, es el verdadero ganador.

Desde su exilio en España, González Urrutia ha reiterado su compromiso de regresar a Venezuela para la toma de posesión y ha hecho un llamado a los ciudadanos a defender lo que considera el “mandato popular”. “Es un compromiso que debemos asumir juntos para recuperar nuestra democracia”, afirmó el líder opositor.

Mientras tanto, las autoridades venezolanas han intensificado su búsqueda de González Urrutia, ofreciendo inicialmente una recompensa de 500 mil dólares por información sobre su paradero, cifra que posteriormente fue reducida a 100 mil dólares. En una imagen publicada por organismos de seguridad como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), se acusa al opositor de delitos como “complicidad en actos violentos contra la república”, “usurpación de funciones”, y “asociación para delinquir”, entre otros.

La situación también ha llamado la atención de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han expresado preocupación por los derechos humanos y la escalada de tensiones políticas en Venezuela.

Con el país en un clima de incertidumbre y polarización, los próximos días serán decisivos para definir el rumbo de la nación sudamericana.

Fuente: El Universal