El presidente de EE. UU., Donald Trump, arremetió contra Mariann Budde, la obispa de Washington, quien durante un servicio religioso le pidió que tuviera clemencia con las personas que temen por su seguridad tras su regreso a la Casa Blanca. Trump, tildó a Budde de "radical de izquierda", "desagradable" y "no inteligente".
El desencadenante fue un llamado de Budde durante su sermón el 21 de enero, al concluir el servicio religioso que marcaba el inicio de la investidura presidencial de Trump. La obispa, en un tono urgente, solicitó al mandatario "tener clemencia hacia las personas que están asustadas ahora", especialmente hacia las minorías LGBTIQ+, como niños gais, lesbianas y personas transgénero que, según ella, temen por sus vidas. Además, pidió protección para los millones de inmigrantes indocumentados que, a pesar de su estatus, contribuyen al país trabajando en áreas fundamentales como la agricultura, la limpieza y la salud.
A la salida del servicio, Trump descalificó el sermón y lo calificó de "poco emocionante", cuestionando la calidad del evento religioso. Sin embargo, lo que siguió fue un ataque más contundente a través de su plataforma Truth Social, donde acusó a la obispa de mezclar la política con la iglesia de manera "descortés", añadiendo que su tono fue "desagradable" y "no inteligente". Trump continuó su ofensiva, subrayando que, a su juicio, los inmigrantes ilegales son responsables de una ola de criminalidad, ignorando las contribuciones de estos trabajadores a la sociedad.
Esta confrontación tiene lugar en un contexto en el que Trump, desde su investidura, firmó una serie de decretos que han intensificado el temor entre las comunidades LGBTIQ+ y los inmigrantes. En su primer discurso presidencial, Trump insistió en su visión de que solo existen dos géneros: masculino y femenino. Además, firmó órdenes ejecutivas para revocar protecciones para personas transgénero, poniendo fin a programas de diversidad, equidad e inclusión en el Gobierno, y restringiendo los fondos federales para servicios de transición.
Trump también firmó medidas que afectan la inmigración, como la derogación de la ciudadanía por derecho de nacimiento y una emergencia nacional en la frontera sur, lo que ha generado un fuerte rechazo de los defensores de los derechos civiles. En respuesta, 22 fiscales generales de estados demandaron la medida, afirmando que la ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Constitución de EE. UU.
El presidente, por su parte, ha hecho de la deportación masiva uno de los pilares de su campaña, prometiendo una drástica ofensiva contra los inmigrantes indocumentados. Recientemente, revocó una directiva de la administración Biden que limitaba los arrestos en lugares sensibles como escuelas, iglesias y hospitales, lo que ha desatado preocupaciones en diversas instituciones.
Esta serie de medidas y declaraciones refleja la continua polarización en la política de Trump, que sigue siendo un referente divisivo para las minorías y la comunidad migrante en Estados Unidos.
Fuente: DW
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