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Dos importantes movilizaciones están presionando al Gobierno boliviano este lunes en la ciudad de La Paz, evidenciando la creciente tensión social en el país. Por un lado, seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019) partieron en una marcha desde la localidad de Patacamaya el pasado viernes 10 de enero y avanzaron esta mañana desde El Alto hacia la Plaza Murillo, sede del poder político nacional. Por otro, gremiales y otros sectores sociales lideran una protesta contra el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, aprobado sin debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Ambas movilizaciones tienen como punto central demandas económicas. Los gremiales, panificadores, jubilados y transportistas rechazan la crisis económica y critican una normativa que permite el decomiso de alimentos en caso de aumento injustificado de precios o almacenamiento ilegal. En paralelo, los seguidores del líder cocalero exigen medidas para estabilizar los precios de productos básicos, aumentar la disponibilidad de dólares y combustible, y liberar a los dirigentes campesinos Humberto Claros y Ramiro Cucho, detenidos tras bloqueos realizados entre octubre y noviembre del año pasado.
La marcha de los seguidores de Morales, que según estimaciones llegará al centro paceño al mediodía, ha enfrentado tensiones con las fuerzas de seguridad. Los dirigentes denunciaron que el Gobierno movilizó a 440 policías de Oruro, Chuquisaca y Potosí para impedir el ingreso de los manifestantes a La Paz. La emisora cocalera Kawsachun Coca divulgó un documento policial firmado por el comandante general Augusto Russo que confirma el traslado de efectivos.
Este lunes, la Plaza Murillo amaneció cercada por la Policía y con agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) desplegados en las calles adyacentes. Mientras tanto, el senador Leonardo Loza, líder de la movilización, aseguró que la protesta es “pacífica y sin intención de generar violencia”, aunque medios locales reportaron un enfrentamiento el domingo en la carretera entre Oruro y La Paz, donde tres policías habrían resultado heridos.
Aunque Morales no participa en la movilización y permanece en Cochabamba desde que en septiembre se emitiera una orden de captura en su contra por un caso de trata y estupro, su figura sigue siendo el eje de las demandas y divisiones. El Gobierno minimiza las protestas del sector afín al ex presidente y afirma que buscan garantizar impunidad para Morales y retrasar el proceso judicial en su contra.
Esta es la tercera gran movilización de los seguidores de Morales en los últimos cuatro meses. En septiembre realizaron una marcha de siete días a La Paz con demandas económicas y políticas relacionadas con el control del partido y el futuro del líder cocalero. En octubre, un bloqueo de caminos de 23 días paralizó el tránsito entre las principales ciudades del país.
En un acto público este domingo, el presidente Luis Arce indicó que la proliferación de conflictos sociales – más de 500 registrados en 2024 – afecta la imagen internacional de Bolivia. Sin mencionar directamente las protestas actuales, Arce reiteró su compromiso con el diálogo: “Queremos resolver estos conflictos para seguir construyendo una Bolivia integradora, pacífica y basada en el entendimiento”.
La jornada de este lunes se presenta como un importante desafío para la estabilidad política y social del país, con las miradas centradas en cómo se resolverán las crecientes tensiones entre el Gobierno y los sectores movilizados.
Fuente: Infobae
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