Sheinbaum presenta reformas para transformar a Pemex y CFE en empresas públicas del Estado

 

México

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó y presentó al Congreso un paquete de reformas secundarias que buscan consolidar los objetivos de la reforma energética de octubre de 2024. Con estas modificaciones, se pretende que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se constituyan como empresas públicas del Estado.

El paquete incluye seis nuevas leyes y la armonización de otras cinco. Entre ellas destacan la Ley de la Empresa Pública del Estado para Pemex, la Ley de la Empresa Pública del Estado para CFE, y otras relacionadas con el sector energético. Estos cambios sustituirán las leyes creadas bajo la reforma energética de 2013, impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, y facilitarán la implementación del Plan México, diseñado para fortalecer la soberanía energética del país y aumentar su competitividad económica global.

Sheinbaum subrayó que estas reformas garantizarán una mayor disponibilidad de energía y transparencia en la participación privada en el sector eléctrico, cuyo porcentaje máximo se establecerá en 46%. "La participación privada será clara y transparente, pero siempre con la rectoría del Estado", destacó la presidenta.

Por su parte, Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, explicó que con estos cambios, Pemex y CFE dejarán de ser consideradas empresas productivas, pero su productividad y eficiencia no se verán afectadas. Además, las subsidiarias que operan como empresas privadas dentro de estas dos compañías serán eliminadas, con el objetivo de optimizar su operación. Actualmente, Pemex cuenta con tres subsidiarias y cerca de 50 filiales, mientras que CFE tiene nueve subsidiarias y cuatro filiales.

Se establecerá un régimen especial para la gestión del presupuesto, la contabilidad y la deuda de Pemex y CFE, alineado con los principios de austeridad y metas anuales específicas. González Escobar destacó que estas reformas también representan un retroceso a las reformas neoliberales iniciadas en 1992, que buscaban privatizar el sector energético mexicano.

La nueva Ley del Sector Eléctrico refuerza la preeminencia de CFE, garantizando que mantenga al menos el 54% de la generación eléctrica del país, mientras que las empresas privadas podrán cubrir el 46%. Además, la ley introduce el concepto de "justicia energética", que busca reducir las desigualdades en el acceso y uso de la energía, sin aumentar las tarifas por encima de la inflación.

Las reformas también estipulan la participación ordenada y transparente de las empresas privadas en la producción de energía, estableciendo diferentes esquemas para generación distribuida, autoconsumo, y generación a través de inversión mixta, siempre con la participación mayoritaria de CFE.

En cuanto a Pemex, las reformas proponen un nuevo régimen fiscal simplificado denominado "Derecho Petrolero para el Bienestar", que busca reducir la carga fiscal de la empresa y mejorar su rentabilidad. Además, se otorgan a Pemex mayores prerrogativas en la elección de áreas de exploración y la posibilidad de asociarse con privados en contratos mixtos, incluyendo proyectos de energía limpia.

Finalmente, se propone la creación de la nueva Comisión Nacional de Energía, que sustituiría a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), organismos autónomos eliminados tras la reforma de simplificación orgánica de diciembre de 2024. Esta comisión tendría como misión principal otorgar permisos de generación y comercialización de energía, así como regular las tarifas y vigilar el mercado eléctrico mayorista y la cadena productiva de hidrocarburos.

Fuente: Animal Político

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