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Costa Rica
El presidente Rodrigo Chaves Robles ha emitido una cantidad histórica de decretos de emergencia durante los primeros dos años de su gestión, alcanzando un total de 21 resoluciones entre 2022 y 2024. Este número supera ampliamente el promedio de administraciones previas y se da en un período con menos eventos hidrometeorológicos, según el Informe Estado de la Nación.
Para encontrar un registro mayor, es necesario retroceder al gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), que emitió 32 decretos de emergencia en su primer bienio. Estas resoluciones, aunque esenciales para responder rápidamente a situaciones críticas, también han generado cuestionamientos por su posible uso para eludir controles fiscales y de contratación pública.
Entre los decretos emitidos por Chaves, algunos incluyen ampliaciones y modificaciones de emergencias previas, como la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia. Esta obra, vinculada a la tormenta tropical Bonnie ocurrida en julio de 2022, fue incluida en un decreto de emergencia casi un año después.
La decisión permitió a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) adjudicar la obra a Constructora MECO con un presunto sobreprecio de ¢1.000 millones, según denuncias. Esto limitó la supervisión de la Contraloría General de la República (CGR), que rechazó de plano un recurso de apelación presentado por un oferente con una propuesta más económica.
Además, el Ejecutivo utilizó los decretos para atender emergencias como la gripe aviar, la plaga del “anillo rojo” en cultivos, el caracol gigante africano, el gusano barrenador y el manejo de flujos migratorios. Sin embargo, estas decisiones han suscitado dudas sobre si dichos problemas requerían necesariamente una declaratoria de emergencia.
Según el Informe Estado de la Nación, la cantidad de desastres hidrometeorológicos y geológicos disminuyó en un 92% entre 2022 y 2023, pasando de 1.196 casos a solo 100. A pesar de esta reducción, el gobierno actual se distingue por su alta emisión de decretos de emergencia.
Ronald Alfaro, investigador del informe, advierte que el uso de esta herramienta en situaciones no vinculadas directamente a eventos naturales podría permitir la reasignación de recursos de manera cuestionable. "El problema es usar el decreto de emergencia para propósitos que no necesariamente corresponden a emergencias asociadas a desastres", señaló.
El artículo 2 de la Ley General de Contratación Pública permite a la CNE realizar contrataciones sin supervisión de la Contraloría bajo decretos de emergencia. Según el informe, las compras de la CNE aumentaron más de un 200% en 2023, tendencia que continuó en 2024.
Aunque no se establece una conexión directa, el Estado de la Nación sugiere que los próximos años serán clave para investigar posibles irregularidades asociadas al incremento de compras durante las emergencias decretadas.
En contraste con la alta emisión de decretos de emergencia, el gobierno de Chaves registró una caída del 20% en la producción de decretos ejecutivos en su segundo año, con 343 resoluciones, convirtiéndose en uno de los periodos con menor actividad normativa desde 1990.
El informe señala, además, que la administración Chaves redujo la emisión de decretos de alto impacto en su segundo año, ocupando el último lugar entre los gobiernos analizados. Esto refleja una desaceleración en la implementación de políticas públicas estratégicas, mientras que los decretos de emergencia crecieron para abordar problemas que podrían haberse gestionado de otras formas.
“La pregunta clave es si algunos de estos decretos, como el del caracol africano, realmente ameritaban esta figura o si podían tratarse de manera distinta”, cuestionó Alfaro.
El uso extensivo de esta herramienta plantea desafíos importantes para la fiscalización y la transparencia en la gestión pública, dejando un panorama abierto para futuras investigaciones sobre su impacto y justificación.
Fuente: Nación
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