La reciente aprobación de lo que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha denominado “reforma parcial” a la Constitución representa una violación flagrante al marco legal establecido por la anterior Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo (Ley 606). Esta supuesta reforma, que en realidad constituye una transformación integral, se implementó sin respetar los procedimientos legales necesarios, lo que la convierte en un acto inconstitucional y carente de validez jurídica.
Según establece la Constitución de Nicaragua y la Ley 606, cualquier modificación constitucional requiere un procedimiento riguroso que garantice la transparencia, la legalidad y la participación democrática. Esto incluye una iniciativa formal del Ejecutivo o el Legislativo, seguida de un proceso de deliberación, consulta y aprobación en la Asamblea Nacional. La reforma impulsada por el régimen incumplió estas disposiciones, modificando un número significativo de artículos y alterando el modelo de organización del Estado, lo que la convierte de facto en una “nueva Constitución”.
La ausencia de este procedimiento constituye una violación grave al principio de legalidad, dejando la reforma sin efectos jurídicos válidos. En consecuencia, cualquier disposición derivada de este acto es nula y no debería ser reconocida dentro del ordenamiento jurídico del país.
Esta reforma no solo agrava la ilegitimidad del régimen, sino que consolida un modelo autoritario y centralizado. Entre las medidas más polémicas está la extensión del mandato presidencial y la transformación del rol de Rosario Murillo, de vicepresidenta a copresidenta, acciones que carecen de sustento legal y profundizan la crisis de legitimidad iniciada con la reelección de Ortega en 2011, en abierta contradicción con la Constitución vigente en ese momento.
Además, la aprobación de esta “nueva Constitución” elimina los principios básicos del Estado de derecho, otorgando al régimen un control absoluto sobre las instituciones democráticas. Al concentrar el poder en la figura de la “Presidencia” y eliminar los contrapesos institucionales necesarios, el régimen oficializa un sistema político totalitario que vulnera las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos.
Para reforzar esta reforma, el régimen ha promovido leyes y reglamentos complementarios que buscan ajustar el marco normativo a la nueva estructura constitucional. Sin embargo, este intento de crear una apariencia de legalidad no oculta su verdadero propósito: perpetuar un modelo represivo que despoja a los ciudadanos de sus derechos y garantías fundamentales.
Al subordinar los poderes del Estado a la figura de los copresidentes, Ortega y Murillo han eliminado las garantías constitucionales que protegen las libertades individuales. Esto sienta las bases para un régimen dinástico que profundiza la crisis institucional y refleja el desprecio del régimen por el marco jurídico y los derechos humanos.
La “nueva Constitución” no solo concentra el poder en manos del régimen, sino que también viola las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos, exponiendo al país a un aislamiento mayor en la comunidad internacional.
La imposición de esta reforma subraya la necesidad de redoblar los esfuerzos por restaurar el Estado de derecho en Nicaragua. La defensa de la democracia y los derechos humanos es fundamental para contrarrestar la usurpación del poder y recuperar la soberanía popular.
En este contexto, los nicaragüenses debemos construir alianzas con otros pueblos que enfrentan regímenes autoritarios, como Venezuela y Cuba, para luchar contra los sistemas que consolidan el poder de manera ilegítima. La historia no será indulgente con quienes traicionaron a la patria e impusieron sistemas represivos y antidemocráticos.
La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) ha señalado que es contradictorio que el régimen hable de seguridad y paz mientras consolida un sistema basado en la represión y la ilegalidad. Declarar “traidor a la patria” a quienes defienden la democracia es una estrategia para silenciar las voces disidentes, cuando la verdadera traición radica en negar al pueblo su derecho a decidir a través del voto.
La resistencia pacífica y la lucha por la recuperación de las instituciones democráticas son esenciales para devolverle a Nicaragua la libertad y dignidad que le han sido arrebatadas.
Fuente: La Prensa
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