En una sesión relámpago y sin debate, la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó este jueves una reforma constitucional que extiende el mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo hasta 2028, alargando un año más su permanencia en el poder. Con esta medida, el modelo de copresidencia, diseñado a la medida de la pareja gobernante, se consolida como una fórmula que garantiza la continuidad dinástica del régimen sandinista.
La modificación constitucional amplía el periodo de todas las autoridades electas en las últimas elecciones generales, municipales y regionales, lo que beneficia exclusivamente a funcionarios sandinistas. Estas elecciones han sido ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional debido a la ausencia de competencia real y falta de transparencia.
La reforma es parte de un proceso más amplio de concentración del poder, que críticos califican de "totalitario y de partido único". Aprobada en diciembre de 2024 y ratificada en enero de 2025, la nueva Constitución Ortega-Murillo elimina cualquier vestigio de separación de poderes, subordinando todas las instituciones del Estado a la Presidencia.
Una de las disposiciones más polémicas de la reforma permite a la pareja presidencial designar a múltiples vicepresidentes sin necesidad de elecciones. Analistas consideran que esta medida es clave para facilitar la sucesión dinástica, con Laureano Ortega Murillo, hijo del matrimonio, como principal candidato a una eventual vicepresidencia.
Además, los diputados otorgaron a Ortega y Murillo la facultad exclusiva de nombrar a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, una atribución que anteriormente recaía en los magistrados de dichas instituciones. También se refuerza el control sobre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y grupos paramilitares, legitimando su accionar represivo contra opositores y disidentes.
El artículo 97 de la nueva Constitución reconoce oficialmente la existencia de grupos paramilitares, responsables de la represión de las protestas de 2018, en las que más de 350 personas fueron asesinadas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Expertos de la ONU han catalogado estos hechos como crímenes de lesa humanidad.
El abogado de derechos humanos Reed Brody, reconocido por su labor en la persecución de dictadores, calificó la reforma como la consolidación de un régimen de poder absoluto. "Ortega y Murillo ahora controlan el poder judicial, el legislativo y el aparato electoral, con la capacidad de suspender derechos, desplegar al ejército para labores policiales y utilizar fuerzas de choque paramilitares contra la oposición", declaró Brody a El País.
Para Brody y otros expertos en derechos humanos, estos cambios marcan el fin del Estado de derecho en Nicaragua y formalizan el cierre de cualquier espacio para la disidencia. "Los ciudadanos no tienen dónde recurrir cuando sus derechos son violados", concluyó el abogado, quien integra el Grupo de Expertos de Naciones Unidas (GHREN).
Con la reforma en vigor desde este jueves 30 de enero, Nicaragua avanza hacia un escenario de mayor centralización del poder en manos de Ortega y Murillo, reforzando un sistema que elimina cualquier posibilidad de alternancia democrática y perpetúa un modelo de gobierno basado en el control absoluto del Estado.
Fuente: El País
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