El pasado 2 de enero, en una ceremonia solemne llevada a cabo en el Salón Amarillo de la Presidencia de la República, los nuevos procuradores y magistrados del Tribunal Electoral (TE) asumieron oficialmente sus funciones. Los nombramientos incluyen a Luis Gómez como procurador de la Nación, Gretel Villalaz como procuradora de la Administración, Narciso Arellano como magistrado del Tribunal Electoral, y María Eugenia Pérez como magistrada suplente.
En su intervención durante el acto, el presidente José Raúl Mulino destacó la trascendencia de estos nombramientos, señalando que marcan un ciclo histórico fundamentado en el respeto a la ley y la constitución. "Hoy designamos a cuatro personas para ejercer cargos con un mandato de 10 años, confiando en que cumplirán su labor con apego a los intereses de la nación panameña," subrayó el mandatario.
Mulino enfatizó las altas expectativas que recaen sobre cada uno de los nuevos funcionarios:
- Procuradora de la Administración, Gretel Villalaz: Tendrá la responsabilidad de liderar la reestructuración de la carrera administrativa, el sistema de compras estatales y la función pública, áreas que el presidente calificó como "un verdadero desastre en términos normativos."
- Procurador de la Nación, Luis Gómez: Su designación busca llenar un vacío de una década en la que el país careció de una procuraduría verdaderamente independiente. Mulino denunció que, durante ese periodo, las decisiones sobre procesos judiciales estuvieron influenciadas desde el despacho presidencial, dejando de lado la justicia para perseguir nombres.
En cuanto al Tribunal Electoral, el presidente resaltó que los nombramientos de Narciso Arellano y María Eugenia Pérez rompen con una tradición que se mantenía desde 1990, al incluir a un miembro de su partido en esta institución. Mulino exhortó a ambos a contribuir en la tarea de sanear y modernizar la legislación electoral, la cual calificó de "desfigurada" tras los desafíos del último torneo electoral.
La ceremonia concluyó con un llamado a los nuevos procuradores y magistrados para que ejerzan sus cargos con integridad y compromiso, priorizando siempre los intereses del país. Estos nombramientos representan un paso importante en el fortalecimiento institucional y el desarrollo democrático de Panamá.
Fuente: Panamá América