Nicolás Maduro avanza en su estrategia para consolidar su control político en Venezuela. En un contexto marcado por la crisis de legitimidad tras las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio, cuyos resultados oficiales aún no han sido publicados, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha anunciado la convocatoria de nuevos comicios para renovar los cargos de diputados, gobernadores y consejos legislativos. Estas elecciones, programadas para el próximo 27 de abril, se llevarán a cabo en un escenario de desmovilización y desconfianza generalizada hacia el proceso electoral.
María Corina Machado, líder opositora y figura emblemática de la resistencia contra el chavismo, ha denunciado que no tiene sentido participar en unos comicios en los que no se respetan los resultados de las elecciones anteriores. “Ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto, es desvirtuar el voto popular como medio de lucha democrática”, declaró en un video difundido en sus redes sociales.
Elvis Amoroso, presidente del CNE y aliado cercano de Maduro, ha establecido como condición para la participación de los partidos políticos la firma de un documento en el que se comprometan a “respetar y acatar todos los eventos concernientes a la elección”, incluyendo los resultados emitidos por el organismo electoral. Esta medida ha sido interpretada como un intento de silenciar a la oposición y legitimar un proceso carente de garantías.
Estas elecciones serían las primeras de un ciclo de nueve comicios que el gobierno planea realizar de aquí a 2025. Además, el chavismo ha anunciado reformas al sistema electoral, incluyendo la aplicación de leyes como la “Ley Simón Bolívar”, que impone inhabilitaciones de hasta 60 años a líderes políticos que critiquen las sanciones internacionales o desconozcan a las autoridades oficiales. Maduro también ha propuesto una reforma constitucional que podría alterar de manera significativa la forma en que se eligen los cargos públicos en el país.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la falta de transparencia en los procesos electorales venezolanos. El Panel de Expertos Electorales de la ONU y el Centro Carter, que observaron las elecciones presidenciales de julio, concluyeron que no se cumplieron los “requisitos básicos de transparencia e integridad” necesarios para garantizar elecciones creíbles y democráticas. A pesar de estas críticas, Maduro se autoproclamó vencedor y fue juramentado para un nuevo mandato el pasado 10 de enero.
Mientras tanto, la represión contra la oposición se ha intensificado. En los últimos meses, más de 200 líderes políticos, incluyendo alcaldes y activistas, han sido arrestados, lo que ha debilitado significativamente a los principales partidos opositores. Muchos dirigentes se encuentran en la clandestinidad o han optado por el exilio. El chavismo parece decidido a eliminar cualquier espacio de poder que pueda ser ocupado por sus adversarios.
En este escenario, la oposición enfrenta un dilema: participar en unos comicios que consideran ilegítimos o abstenerse y ceder aún más terreno al gobierno. Machado, quien permanece oculta, ha insistido en que no se debe participar en elecciones mientras no se respeten los resultados de las presidenciales. “No podemos normalizar la farsa electoral”, afirmó.
Con el cronograma electoral avanzando a toda prisa y en medio de un clima de persecución política, Venezuela se encamina hacia unos comicios que, lejos de resolver la crisis política, podrían profundizar la fractura democrática en el país.
Fuente: El País
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