.jpg)
Nicaragua
Un tribunal de Argentina ha abierto una investigación contra los dictadores Daniel Ortega, Rosario Murillo y diez de sus colaboradores por crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas en Nicaragua en 2018. La justicia argentina, respaldada por el principio de jurisdicción universal, citó a declarar a los acusados el 30 de diciembre y emitió una orden de captura internacional contra ellos.
Los delitos investigados incluyen asesinatos sistemáticos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, persecución política y violaciones sexuales. También se les acusa de restringir libertades fundamentales, como la expresión y la reunión pacífica, y de emplear armas de guerra y fuerza desproporcionada contra civiles. Las pruebas provienen de testimonios de víctimas y de informes de organismos internacionales como Amnistía Internacional y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU.
El caso fue iniciado en 2022 por los abogados argentinos Darío Richarte y Diego Pirota, y desde entonces se han sumado denuncias de organizaciones de la sociedad civil.
Francisco Díaz: Director de la Policía Nacional y consuegro de Ortega, sancionado por Estados Unidos en 2018 por abusos de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales durante las protestas.
Ramón Avellán: Subdirector de la Policía, acusado de liderar la represión en Masaya, que resultó en más de 100 muertes y numerosos heridos.
Néstor Moncada Lau: Señalado por corrupción y pago a paramilitares para reprimir manifestantes. Está sancionado por varios países, incluyendo Estados Unidos, que también penalizó a su familia.
Sonia Castro: Exministra de Salud, acusada de ordenar la negación de atención médica a heridos durante las protestas. Es señalada como responsable indirecta de la muerte del adolescente Álvaro Conrado.
Fidel Moreno: Vinculado con actos de violencia de la Juventud Sandinista y con casos de corrupción en programas juveniles.
Ramona Rodríguez: Rectora de la UNAN-Managua, acusada de expulsar a estudiantes opositores y de destruir sus expedientes académicos. Figura en la Lista Engel de Estados Unidos.
Alba Luz Ramos: Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, sancionada por su participación en la represión judicial contra opositores.
Luis Pérez Olivas: Exjefe de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, centro de detención y tortura de opositores.
Justo Pastor Urbina: Comandante de la Dirección de Operaciones Especiales, acusado de graves violaciones de derechos humanos.
Aminta Granera: Exdirectora de la Policía Nacional, investigada por su rol en la represión policial de 2018.
Daniel Ortega retornó al poder en 2007, y Rosario Murillo, su esposa, consolidó su influencia como vocera oficial y vicepresidenta desde 2017. Ambos son considerados los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad documentados durante las protestas de 2018. La justicia argentina avanza en este caso histórico, que busca responsabilizar a quienes perpetraron y facilitaron estas graves violaciones a los derechos humanos.
Fuente: La Prensa
.jpg)