.jpg)
El Congreso de Estados Unidos está cerca de aprobar una nueva legislación que intensificará las deportaciones de inmigrantes indocumentados en la era de Donald Trump. Conocida como la “Ley Laken Riley”, esta normativa permitirá detener y expulsar a inmigrantes indocumentados acusados de delitos menores, incluso si no han sido condenados. Este avance legislativo se ha logrado gracias al apoyo bipartidista, incluido el respaldo de varios demócratas clave.
La ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería asesinada en la Universidad de Georgia en febrero pasado. El autor del crimen, José Antonio Ibarra, un inmigrante venezolano que cruzó ilegalmente la frontera en 2022, había sido detenido previamente por un delito menor pero quedó en libertad mientras tramitaba su estatus legal.
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes con 264 votos a favor y 159 en contra, incluyendo 48 votos demócratas. En el Senado, la propuesta superó la votación inicial con un amplio margen de 84 votos a favor y 9 en contra, y ahora solo necesita una mayoría simple para su aprobación definitiva.
La Ley Laken Riley otorgará al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) facultades para detener a inmigrantes indocumentados acusados de hurtos, robos y atracos no violentos hasta que sean deportados. Actualmente, las deportaciones requieren condenas por dos delitos menores o uno grave. Además, la ley permitirá a los estados demandar al Gobierno federal por daños causados por inmigrantes ilegales.
El apoyo demócrata a esta ley refleja un cambio de estrategia respecto al primer mandato de Trump, cuando el partido se opuso firmemente a sus políticas migratorias. Líderes como el senador Rubén Gallego de Arizona han justificado su apoyo destacando la necesidad de abordar la crisis fronteriza. “Los habitantes de Arizona entienden mejor que nadie las consecuencias de esta situación”, afirmó Gallego. Por su parte, el senador John Fetterman enfatizó la importancia de una frontera segura mientras se buscan soluciones para los “dreamers”.
Organizaciones proinmigrantes han condenado la ley. Juliana Macedo do Nascimento, de United We Dream Action, calificó la iniciativa como “explotadora y brutal”, argumentando que promueve la detención masiva sin garantizar el debido proceso. También alertan que centrar los recursos en delitos menores podría desviar la atención de casos más graves.
La administración Trump planea complementar esta ley con medidas como exigir que los solicitantes de asilo esperen fuera del país mientras se resuelven sus casos y recortar fondos a ciudades santuario. Aunque Trump ha prometido deportaciones masivas, también ha sugerido la posibilidad de negociar acuerdos para los “dreamers”.
En contraste, el gobierno saliente de Joe Biden ha extendido el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de un millón de inmigrantes de países como Venezuela, El Salvador y Ucrania. Esta medida otorga permisos temporales para trabajar y permanecer en el país, destacando un enfoque migratorio diferente frente al endurecimiento legislativo que se avecina.
Fuente: El País
.jpg)