El diputado Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), anunció este martes su renuncia a la precandidatura presidencial para las elecciones de 2026, tras verse implicado en el Caso Richter, vinculado a una investigación por posibles delitos financieros.
Bojorges, quien ha sido señalado por supuestamente solicitar favores económicos a un empresario investigado por lavado de dinero, explicó que la decisión fue tomada tras un diálogo con su familia, destacando que es momento de priorizar su bienestar familiar.
El legislador aclaró que su retiro no está motivado por presiones externas ni intereses personales, sino por un profundo compromiso con el país y con las miles de personas que lo apoyan dentro del PUSC. “A pesar de haber demostrado de manera clara que no he incurrido en actos ilícitos, entiendo que mi situación puede ser utilizada para desviar la atención de los verdaderos temas de interés nacional y convertir este momento en un circo político que no beneficia a nadie”, afirmó Bojorges.
El lunes, el diputado también decidió separarse de la fracción del PUSC. En su mensaje de despedida, expresó su agradecimiento a los líderes y militantes que lo respaldaron, quienes le ofrecieron su apoyo para continuar en sus aspiraciones. “Sus palabras me inspiran a seguir luchando por el país que todos amamos”, señaló.
Bojorges también instó al PUSC a continuar por el camino del diálogo y la construcción colectiva, deseando que el partido siga en esa dirección.
La implicación de Bojorges en el Caso Richter surgió después de que el fiscal general, Carlo Díaz, le confiscara el teléfono móvil la semana pasada. La investigación está relacionada con un expediente sobre fraude registral, legitimación de capitales y falsedad ideológica, denominado Caso Madre Patria, que ha derivado en la actual pesquisa.
A pesar de las declaraciones del diputado negando haber recibido dinero del empresario sospechoso de lavado, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sostiene que, según las escuchas telefónicas, Bojorges solicitó apoyo financiero para la campaña de Gabriela Jiménez Corrales, actual alcaldesa de San Ramón, tras ayudar al empresario con gestiones ante el viceministro de Transportes, Carlos Ávila.
La alcaldesa, por su parte, ha señalado que fue el diputado quien la involucró en el caso, y que el dinero recibido de la fuente sospechosa fue una bolsa con menos de ¢100.000. Sin embargo, el expediente también revela que la alcaldesa acudió personalmente a recoger el dinero en las instalaciones de la empresa de buses que operaba Jonathan Herrera González, quien se encuentra en prisión preventiva por otros cargos relacionados.
Además, la investigación judicial reveló que Bojorges sostuvo múltiples encuentros con Lourdes Sáurez, jefa de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP), en los cuales discutieron cómo evitar dejar evidencia de sus reuniones, ya que el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, había mostrado interés en seguir a aquellos legisladores presuntamente involucrados en solicitudes de favores, como nombramientos familiares en el MEP.
Fuente: Nación
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