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Costa Rica
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, anticipó que las presiones para alcanzar acuerdos en materia presupuestaria se intensificarán en 2025, lo que podría complicar aún más la situación social del país.
Ramírez advirtió que el presupuesto nacional para el próximo año no contempla los recursos suficientes para cubrir áreas esenciales como los salarios de los docentes, la operación de las cárceles y los servicios diplomáticos en el extranjero. Según la diputada, esta falta de recursos podría empeorar la ya difícil realidad social del país, especialmente con un año electoral por delante.
"Será un año muy difícil, una lucha más intensa. Además, con las elecciones se incrementará la competencia entre las fracciones legislativas, lo que reducirá los consensos y acuerdos, llevándonos a una situación aún más crítica", señaló Ramírez en una entrevista.
En la discusión del presupuesto, la Comisión de Hacendarios fue informada de importantes déficits en los planes de gasto de varios ministerios. El Ministerio de Educación Pública (MEP) reportó un faltante de ¢100.000 millones para pagar salarios, mientras que los ministros de Justicia y Paz y Relaciones Exteriores también alertaron sobre la insuficiencia de recursos para garantizar la operación de sus instituciones.
El Ministerio de Justicia y Paz enfrentará un déficit de ¢10.000 millones para la operación de las cárceles, y el Ministerio de Relaciones Exteriores necesita ¢2.700 millones para mantener sus servicios diplomáticos. Ambos ministerios solicitaron la aprobación de presupuestos extraordinarios para cubrir estos faltantes.
Ramírez también destacó que solo dos ministros pidieron más recursos a los diputados, lo que considera una señal de que algunos faltantes no se reportan debido a posibles represalias dentro del gobierno. "Parece que hay una situación de amenaza. Extrañamente, solo dos ministros solicitaron más recursos, y creo que por su cercanía con el presidente no enfrentaron represalias", comentó.
Aunque reconoció que no es responsabilidad del Congreso manejar los temas presupuestarios, Ramírez destacó que la Asamblea Legislativa ha tenido que asumir un papel activo debido a la gravedad de la situación. "Si no tomamos acciones, el país se nos irá de las manos", advirtió, refiriéndose a la creciente crisis social, incluida la lucha contra el narcotráfico y la declinación de la educación.
La diputada cuestionó las críticas del gobierno por el uso de fondos destinados al pago de intereses de la deuda pública para cubrir otros gastos. "Quedó demostrado que en ninguno de los años anteriores hizo falta. Nunca tuvimos que reforzar esa partida", expresó. Ramírez explicó que las decisiones de reorientar estos recursos se basaron en un análisis técnico que identificó sobreestimaciones en los vencimientos de amortización e intereses.
Durante la discusión del presupuesto, la Asamblea aprobó la reorientación de ¢61.635 millones de los pagos de intereses de la deuda para cubrir otros rubros, como educación, seguridad y transporte. Un ejemplo de esta reorientación fue la asignación de ¢1.900 millones al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) para extender el servicio del tren a la provincia de Cartago.
Finalmente, Ramírez señaló que, aunque las cifras macroeconómicas han mejorado, esto ha sido a costa de la inversión en áreas cruciales como la educación y la seguridad. "El gobierno ha priorizado la imagen internacional con buenos datos macroeconómicos, pero a costa de debilitar los programas fundamentales para el desarrollo del país", expresó, añadiendo que los bancos internacionales no se preocupan por si se está invirtiendo en la educación de los niños, sino solo por el cumplimiento de los indicadores financieros.
La diputada concluyó que, si bien los resultados económicos son importantes, no deben alcanzarse a expensas de las necesidades sociales esenciales para el bienestar del país.
Fuente: Nación
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