La contralora general de la República, Marta Acosta, señaló que la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es impagable a corto plazo, pero subrayó la urgencia de tomar medidas para evitar que siga creciendo, especialmente en programas dirigidos a la atención de personas en situación de pobreza y menores de edad.
"Actualmente, si se me pregunta si el gobierno puede pagar, la respuesta es no; eso es inviable, pero es fundamental aplanar esa curva", comentó Acosta durante su comparecencia ante la Asamblea Legislativa. La funcionaria explicó que entre 2008 y 2023, la deuda con el Seguro de Salud pasó del 1,1% al 6,3% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que revela un desajuste estructural en los pagos y cobros, poniendo en peligro la estabilidad financiera del sistema de salud.
Acosta resaltó que el ritmo actual de pagos no ha sido suficiente para frenar el incremento de la deuda, lo cual añade presión sobre los recursos de la CCSS. Según las estimaciones, para octubre de 2024, el saldo pendiente del Estado sería de ¢3,4 billones, comparado con los ¢348.000 millones registrados en 2008.
La contralora insistió en la necesidad de realizar cambios estructurales en el modelo de financiamiento de la CCSS para garantizar su sostenibilidad financiera. "No podemos solucionarlo con acuerdos temporales o convenios para determinar montos; hay que ir al fondo del problema y corregir las causas", agregó.
La magnitud de la deuda también afecta la capacidad del país para invertir en infraestructura, tecnología y mejorar los servicios públicos. Además, pone en riesgo la estabilidad del modelo de salud solidario y universal, característico del sistema costarricense.
Particularmente preocupante es la falta de financiamiento para el modelo subsidiado del seguro social, que cubre a la población en pobreza extrema, pobreza y a los niños. Acosta destacó el alarmante aumento de la morosidad estatal en estos programas, especialmente en el caso de los programas solidarios como el de Asegurados por Cuenta del Estado (ACE), cuyo monto adeudado asciende a ¢437.430 millones entre 2020 y 2023.
Además, la contralora reportó que la morosidad en los servicios que la CCSS debe proporcionar a los menores de edad alcanza un preocupante 89,58%, según lo establecido por el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Acosta presentó varias proyecciones que muestran la necesidad urgente de tomar medidas correctivas. En un escenario sin acciones significativas, la deuda podría alcanzar el 14,5% del PIB en 2040, lo que generaría una presión insostenible para las finanzas públicas y afectaría la capacidad del Estado para priorizar otros aspectos urgentes.
Sin embargo, si se implementan ajustes financieros y compromisos graduales de pago, la deuda podría estabilizarse en torno al 12,9% del PIB en 20 años, o incluso en un 11,7% en 10 años.
La comisión legislativa encargada de investigar estas irregularidades sigue centrada en analizar las listas de espera, la deuda estatal con la CCSS y los posibles sobreprecios en la contratación de cooperativas para administrar 138 Ebáis, en lo que también se investiga como parte del Caso Barrenador.
Fuente: Nación
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