Costa Rica
El salario base que se utilizará para calcular multas y sanciones relacionadas con diversas figuras delictivas y normativas durante el 2025 se mantendrá en ₡452.200. Esta cifra fue ratificada por el Consejo Superior del Poder Judicial en su sesión del pasado 12 de diciembre, marcando el quinto año consecutivo en el que este monto permanece sin cambios. Entrará en vigor del 1.° de enero al 31 de diciembre de 2025.
El salario base corresponde al salario mensual de un oficinista 1, según lo establecido en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, y se utiliza como parámetro para determinar diversas sanciones estipuladas en el Código Penal, el Código de Trabajo y otros cuerpos legales.
En materia penal, este salario base es clave para fijar sanciones por delitos como hurto agravado, robo simple o estafa. Por ejemplo, el hurto agravado puede conllevar una pena de hasta diez años de prisión si el valor de lo sustraído supera cinco veces el salario base (₡2.311.000). En cambio, si el valor no excede ese monto, la pena máxima se reduce a tres años.
En el ámbito laboral, el Código de Trabajo establece multas para empleadores que incumplan derechos fundamentales de sus empleados, como el pago del aguinaldo. Estas sanciones, según el artículo 398 del código, oscilan entre uno y 23 salarios base, lo que equivale a montos que van desde ₡452.200 hasta ₡10,6 millones, dependiendo de la gravedad de la infracción.
El salario base también se emplea como referencia para calcular montos relacionados con pensiones alimentarias, especialmente para obligados no asalariados. Además, es utilizado para determinar sanciones en leyes que regulan aspectos como los aranceles del registro público, el impuesto a las personas jurídicas, el impuesto sobre bienes inmuebles y normativas relacionadas con la propiedad en condominio, la propiedad intelectual, el patrimonio histórico y las concesiones, entre otras.
Con esta resolución, el salario base reafirma su papel como un parámetro esencial para la aplicación de sanciones y cumplimiento de obligaciones en diferentes ámbitos legales en Costa Rica.
Fuente: Nación