La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó una nueva extensión del régimen de excepción, alcanzando ya su trigésima cuarta renovación desde que fue implementado en marzo de 2022. La medida, que suspende derechos constitucionales, ha llevado a más de 83.600 detenciones en el marco de la estrategia gubernamental contra las pandillas.
Con 57 votos a favor de los 60 diputados presentes, todos provenientes de NI y sus aliados, el régimen se prolongará por 30 días más. Esto implica que seguirán suspendidos derechos fundamentales como el acceso a la defensa legal, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el límite de 72 horas para la detención administrativa.
El decreto justificó la ampliación señalando que, a pesar de los avances reportados por las autoridades de seguridad, "el fenómeno criminal persiste". Además, alertó sobre nuevos métodos utilizados por las pandillas, incluyendo el uso de herramientas tecnológicas, lo que habría motivado la necesidad de mantener estas medidas extraordinarias.
El régimen de excepción fue instaurado inicialmente tras una ola de violencia en marzo de 2022, cuando más de 80 personas fueron asesinadas en un fin de semana. Según investigaciones del medio El Faro, este episodio estuvo relacionado con la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las pandillas, un acuerdo que presuntamente mantenía niveles bajos de homicidios.
Aunque la medida ha sido central en la estrategia del presidente Nayib Bukele y fue clave en su reelección inmediata –permitida a pesar de la prohibición constitucional–, las críticas no han cesado. Organizaciones de derechos humanos han recibido más de 6.400 denuncias de abusos, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas, además de reportar alrededor de 340 muertes de personas detenidas, muchas de ellas con signos de violencia bajo custodia estatal.
Fuente: Página 12