La suspendida vicepresidenta Verónica Abad enfrenta un nuevo desafío legal, además de su disputa contra la sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo. Esta vez, se trata de una denuncia de supuesta violencia política de género presentada por Diana Jácome, exasesora presidencial.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) fijó para el próximo 27 de diciembre de 2024, a las 10:00, la audiencia oral única en la que se presentarán pruebas y alegatos. La jueza Ivonne Coloma emitió el llamado oficial casi simultáneamente al cierre de la audiencia por acción de protección que Abad interpuso contra su suspensión de 150 días.
Si Verónica Abad no comparece, el proceso continuará en su ausencia, declarada en “rebeldía”. Por otro lado, si Diana Jácome no asiste, el caso será considerado abandonado, según lo señalado por la jueza en el auto convocatorio.
Jácome, quien acusa a Abad de violencia política de género, espera que el tribunal acepte sus solicitudes: destitución de Abad, suspensión de sus derechos políticos y una sanción económica. La denuncia, según Jácome, es una respuesta a las tres acciones legales previas que Abad presentó en su contra por motivos similares.
“Confío en que el TCE hará justicia y sancionará a la señora Abad conforme lo estipula la ley”, declaró Jácome en septiembre pasado.
El caso actual no es el único frente legal de Abad. El pasado 8 de noviembre, se celebró una audiencia en la que Abad acusó al presidente Daniel Noboa y otros funcionarios de ejercer violencia política en su contra. Aunque han transcurrido más de cinco semanas, el juez Guillermo Ortega aún no ha emitido una sentencia de primera instancia.
La situación de Abad refleja el creciente enfoque en la violencia política de género en el ámbito público, un tema que sigue generando debates y procesos judiciales en Ecuador.
Fuente: Primicias