El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que el Poder Judicial no puede actuar como un suprapoder por encima de la voluntad popular y las reglas constitucionales. Durante una entrevista, Gutiérrez Luna defendió el uso de la mayoría calificada en el Congreso, destacando que este instrumento se utiliza para cumplir con las promesas de campaña y no de manera indiscriminada. En este sentido, aseguró que las reformas constitucionales que se han aprobado son parte de un proceso programado y no ocurrencias.
Gutiérrez Luna también destacó la importancia de mantener el contacto con los sectores más vulnerables, como colonias, ejidos y comunidades, para no perder la sensibilidad hacia las necesidades del pueblo, a pesar de contar con una mayoría en la Cámara.
Respecto a la reforma electoral, el presidente de la Cámara mencionó que se deben hacer ajustes y que el diálogo con todos los partidos políticos será clave, pues las reformas electorales involucran las reglas del juego que rigen las elecciones en el país.
Además, Gutiérrez Luna hizo frente a las críticas de la oposición, que lo acusa de estar buscando una venganza personal contra el Poder Judicial. Al respecto, el líder legislativo aclaró que su postura no es personal, sino una defensa de la soberanía del Poder Legislativo, asegurando que el Congreso tiene la facultad de actuar con total autonomía.
Sobre la reforma judicial, Gutiérrez Luna resaltó la necesidad de una selección cuidadosa de los candidatos a los puestos judiciales. Subrayó que los comités técnicos tienen la responsabilidad de elegir a las personas más capacitadas para garantizar la calidad del sistema judicial.
Finalmente, el presidente de la Cámara también se refirió a las decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre los recursos necesarios para llevar a cabo la elección judicial. Gutiérrez Luna indicó que el Congreso tiene la facultad de determinar los gastos y que la cifra solicitada por el INE de 13,000 millones de pesos es demasiado elevada, sugiriendo que entre 7,000 y 9,000 millones sería una cifra más racional.
Fuente: El País