El debate sobre las reformas a la Ley 51 de 2005, que regula la Caja de Seguro Social (CSS), tomó un giro inesperado, evidenciando diferencias entre el Ejecutivo y las bancadas oficialistas en la Asamblea Nacional.
Las fracciones del partido de gobierno *Realizando Metas* (RM) y la bancada mixta —compuesta por diputados de los partidos Alianza, Popular y Molirena— presentaron un conjunto de propuestas alternativas a las reformas planteadas por el presidente José Raúl Mulino. Estas iniciativas buscan enfrentar la crisis financiera de la CSS sin recurrir a las medidas impopulares sugeridas por el Ejecutivo.
En un comunicado conjunto, los legisladores reafirmaron su compromiso con un sistema de seguridad social sólido, descartando categóricamente un aumento en la edad de jubilación, una medida incluida en la propuesta del Ejecutivo que busca elevarla en tres años para hombres y mujeres.
“Trabajaremos por reformas que fortalezcan la CSS sin afectar los derechos de los asegurados”, señalaron los diputados, subrayando la importancia de un enfoque que garantice la sostenibilidad del sistema sin sacrificar el bienestar de los trabajadores.
Las propuestas incluyen:
1. Gestión transparente de los fondos: Los diputados sugieren invertir los recursos de reserva en instituciones seleccionadas mediante licitación pública para maximizar rendimientos y evitar conflictos de interés.
2. Fortalecimiento de la supervisión: Plantean revisar las facultades del director general de la CSS para garantizar un control más estricto en la gestión institucional.
3. Protección de jubilaciones especiales: Defienden la preservación de regímenes como el del sector bananero, argumentando que reflejan las particularidades de esta industria clave para la economía nacional.
4. Fuentes de financiamiento adicionales: Proponen un gravamen a transacciones bancarias y un porcentaje de las membresías de tarjetas de crédito, además de un incremento gradual del 3 % en la cuota patronal.
Analistas interpretan estas propuestas como un movimiento calculado. José Eugenio Stoute, experto en política, opinó: “No parece una rebelión legislativa, sino un adelanto de medidas que ya están en discusión en el Consejo de Gabinete. Es un intento estratégico por gestionar mejor la percepción pública”.
Sin embargo, esta anticipación ha generado especulaciones sobre las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para algunos, las bancadas buscan marcar su independencia; para otros, actúan en coordinación con el Gobierno para manejar las tensiones sociales.
El panorama legislativo se complica. Según Stoute, el debate sobre el proyecto enfrenta una carrera contra el tiempo, ya que las sesiones extraordinarias concluyen el 31 de diciembre. “La clave será cómo ambas partes gestionen este proceso de forma conjunta y transparente”, advirtió.
Con el futuro de la CSS en juego, el país sigue de cerca este debate crucial, que pondrá a prueba la capacidad del Gobierno y sus aliados legislativos para construir consensos en torno a un sistema de seguridad social sostenible.
Fuente: La Estrella de Panamá