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Corea del Sur
El Parlamento de Corea del Sur aprobó este sábado la destitución del presidente Yoon Suk-yeol, quien había declarado la ley marcial el 3 de diciembre. La moción de destitución, impulsada por la oposición, fue aprobada con el respaldo de 204 votos a favor, 85 en contra, tres abstenciones y ocho votos nulos. El proceso contó con la participación de los 300 diputados de la Asamblea Nacional.
Para que la moción fuera válida, era necesario obtener al menos 200 votos a favor, lo que garantizó una mayoría de dos tercios. Aunque el voto fue secreto, se confirmó que al menos 12 diputados del Partido del Poder Popular (PPP), formación conservadora de Yoon, votaron a favor de la destitución, a pesar de la postura oficial de su partido, que había intentado bloquear la moción. La incertidumbre sobre el resultado prevaleció hasta el último momento, cuando el PPP celebró una reunión privada antes de la votación, concluyendo con la decisión de no apoyar la moción oficialmente.
Tras el conteo de votos, Yoon Suk-yeol fue despojado de sus funciones y el primer ministro, Han Duck-soo, asumió temporalmente la presidencia y la jefatura de gobierno, mientras se espera la decisión del Tribunal Constitucional sobre si Yoon violó la Constitución al declarar la ley marcial. El Tribunal tiene un plazo máximo de 180 días para emitir su fallo.
Si el Tribunal confirma que Yoon cometió una violación constitucional, sería el segundo presidente en ejercicio en ser destituido en democracia en Corea del Sur, después de Park Geun-hye, quien fue destituida en 2017 por un escándalo de corrupción. En 2004, el presidente liberal Roh Moo-hyun también fue destituido por el Parlamento, aunque luego fue restituido por el Tribunal Constitucional.
Fuera del Parlamento, miles de manifestantes celebraron la decisión de la Asamblea Nacional, agitando los característicos bastones luminosos utilizados en los conciertos de K-Pop, que se han convertido en un símbolo de las protestas contra Yoon. El portavoz del Partido Democrático (PD), Park Chan-dae, declaró tras la votación que se había logrado una "victoria histórica para la democracia", agradeciendo a los manifestantes por su apoyo a la Constitución.
Yoon Suk-yeol y varios miembros de su gabinete, incluidos el exministro de Defensa Kim Yong-hyun y altos oficiales militares y policiales, están siendo investigados por presuntos delitos de amotinamiento, abuso de poder e insurrección. Este último cargo es el más grave y podría llevar al arresto de Yoon, ya que la inmunidad presidencial no se aplica en casos de insurrección, lo que podría resultar en una sentencia de cadena perpetua o incluso pena de muerte, aunque Corea del Sur mantiene una moratoria en las ejecuciones desde 1997.
Fuente: El Financiero
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