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Bolivia
La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un enérgico llamado a las instituciones bolivianas para encontrar, de manera urgente, una solución que permita concluir el proceso de selección de los magistrados pendientes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
En su informe preliminar titulado “Elecciones Judiciales en Bolivia 2024”, la misión expresó su preocupación por el retraso de un año en la realización de las elecciones judiciales, lo que derivó en una serie de conflictos político-jurídicos. Este retraso permitió la extensión del mandato de los magistrados elegidos en 2017, decisión tomada por el propio TCP. Adicionalmente, la Sala Cuarta del TCP declaró inconstitucional la convocatoria a elecciones en varios departamentos, lo que resultó en una renovación parcial de las autoridades judiciales.
“La extensión del mandato más allá del plazo establecido en la Constitución (...) y la celebración de elecciones parciales evidencian la complejidad del contexto actual y los riesgos para la estabilidad social y democrática del país”, señala el informe.
La misión, que inició sus labores el 9 de diciembre, sostuvo reuniones con representantes del Ejecutivo, Legislativo, órganos electorales, el TCP, el Defensor del Pueblo, sociedad civil y la academia. En estas reuniones, quedó patente un “profundo conflicto político-institucional”, caracterizado por posturas enfrentadas respecto a cómo debió haberse llevado a cabo la elección judicial y cómo proceder tras los fallos del TCP.
Asimismo, el informe destaca que, pese a ciertas mejoras observadas, la ausencia de claridad normativa y la injerencia política en el proceso debilitaron el marco regulatorio e institucional, erosionando la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.
“El conflicto institucional severo generado tiene el potencial de poner en riesgo la gobernabilidad democrática del país”, subraya el documento.
Otro tema destacado por la OEA es el debate en torno a la pertinencia del sistema de elección popular para autoridades judiciales. A más de una década de su implementación, ninguno de los actores entrevistados manifestó satisfacción plena con el modelo actual. A pesar de sus deficiencias, coincidieron en la necesidad de renovar a los jueces respetando lo establecido en la Constitución.
La misión recomendó trabajar de manera conjunta entre autoridades, órganos políticos y sociedad civil para diseñar un sistema que corrija las falencias actuales y garantice su sostenibilidad a futuro.
En caso de mantener el sistema vigente, la OEA sugiere:
Armonizar la normativa: Aprobar una ley marco clara y precisa que regule todas las etapas del proceso de selección judicial.
Replantear el papel de la Asamblea Legislativa: Incorporar un comité especializado de expertos imparciales en la etapa de preselección.
Establecer un régimen de impugnaciones efectivo: Reducir la judicialización innecesaria y preservar la imparcialidad en las decisiones.
El informe concluye que una evaluación integral del modelo es una prioridad ineludible para fortalecer la independencia judicial, la gobernabilidad democrática y la confianza ciudadana en las instituciones.
“Los aprendizajes extraídos de esta experiencia pueden servir de referencia para otros países que evalúen implementar sistemas similares, evitando reproducir los problemas observados en Bolivia”, finaliza el documento.
Fuente: La Razón
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