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Paraguay
Una reciente ley promulgada por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, que busca regular la financiación y actividades de organizaciones no gubernamentales (ONG) tanto nacionales como extranjeras, ha sido calificada como una “amenaza” a la libertad de asociación y participación, según un informe divulgado este lunes por la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy). La organización también advirtió sobre un riesgo de concentración de poder en el Ejecutivo.
El informe anual de Codehupy, presentado con motivo del 76º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señaló que la nueva normativa, aprobada en noviembre, es un avance autoritario que afecta gravemente a las organizaciones de la sociedad civil. La ley, denominada Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro, ha sido impulsada por el oficialismo, lo que generó una fuerte resistencia en sectores sociales.
Dante Leguizamón, secretario general de Codehupy, criticó duramente la ley, afirmando que pone en peligro “la libertad de expresión, de asociación y de participación”. Agregó que la medida busca “destruir los pilares fundamentales de la democracia” y acusa al Gobierno de querer consolidar un control absoluto, marginando las voces disidentes y evitando cualquier tipo de investigación que exponga su presunta vinculación con el crimen organizado.
La ley afecta a las ONG que reciban o gestionen fondos públicos o privados, tanto nacionales como internacionales, y que provengan directamente de otros Estados. Codehupy denunció que la nueva normativa tiene como objetivo estigmatizar y criminalizar a las organizaciones sociales, especialmente aquellas que luchan por los derechos de las mujeres, la comunidad LGBT y otros grupos vulnerables, fomentando la discriminación y la violencia en su contra.
Clemen Bareiro, directora académica del informe, señaló que Paraguay está viviendo un proceso de concentración del poder en manos de la élite gobernante. Citó varios eventos, como la destitución en febrero pasado de la exsenadora opositora Kattya González, que ocurrió con el respaldo del oficialismo y sus aliados, así como la disminución de los espacios de debate para la sociedad civil, lo que refleja una tendencia autoritaria dentro del gobernante Partido Colorado.
El informe también abordó otros temas como la creciente deforestación, la sequía y los incendios forestales que han afectado gravemente a la región del Chaco paraguayo, impactando a las comunidades indígenas y la biodiversidad. Según el informe, Paraguay ha perdido unas 3.000 hectáreas de bosques entre 2023 y 2024, y cada dos días se destruyen 75 hectáreas de bosque nativo.
En cuanto a la violencia de género, Codehupy expresó su alarma por los 34 feminicidios registrados hasta la fecha en 2024 y las 46 tentativas de este crimen.
Fuente: SWI
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