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Costa Rica
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, expresó que sería inconstitucional destinar una parte del crédito de 100 millones de euros otorgado por la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) al pago de la deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Desde 2020, se ha implementado una política que asigna el 10% de cada préstamo internacional de este tipo para saldar dicha deuda, aunque algunos legisladores han propuesto aumentar ese porcentaje hasta un 40%.
Este crédito, firmado entre Costa Rica y la AFD, está destinado a impulsar iniciativas de agroambiente y agropaisajes sostenibles, con el objetivo de promover un desarrollo agrícola responsable y la protección de los ecosistemas del país. Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, Acosta explicó que, según la cláusula 13.1 del contrato, los fondos deben usarse para implementar el programa acordado y financiar el servicio de la deuda estatal. Utilizar parte de estos fondos para pagar la deuda con la CCSS sería un incumplimiento del contrato.
El ministro destacó que, conforme al artículo 121, inciso 15, de la Constitución Política, corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar o rechazar el crédito. Además, señaló que el contrato, al definir las condiciones y restricciones del uso de los fondos, establece que cualquier modificación violaría lo estipulado.
“Sería inconstitucional cualquier norma que se quiera asignar para el uso de los recursos que vaya en contra del contrato. Esperamos que los diputados no aprueben una modificación que implique una norma inconstitucional y podamos hacer uso adecuado de los fondos”, indicó Acosta.
Esta postura contrasta con las declaraciones de hace dos semanas del representante de la AFD en Costa Rica, Jean-Philippe Berthelemy, quien afirmó que los fondos ingresarán a la Caja Única del Estado y podrían destinarse a apoyo presupuestario. Berthelemy aclaró que la AFD no establece restricciones sobre el uso de los fondos y que el contrato solo indica que deben financiar el presupuesto y el proyecto.
El Proyecto 24.583, que aborda este financiamiento, detalla que el préstamo de la AFD tiene un plazo de 20 años, con un período de gracia de cinco años y un periodo de amortización de 15 años. Los fondos deberán ser desembolsados antes del 31 de diciembre de 2026.
El Ministerio de Hacienda gestionará los fondos, mientras que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) coordinará la parte técnica del proyecto, incluyendo su planificación y supervisión.
La presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, indicó que se realizará una revisión técnica y legal para decidir si se incluye en el texto la asignación del 10% del crédito al pago de la deuda con la CCSS, a pesar de las objeciones del ministro.
“Según las observaciones del ministro, queda claro que está haciendo todo lo posible para evitar que los diputados asignemos el 10% al pago de la deuda, lo que demuestra que no hay intención de utilizar esos recursos para la CCSS”, señaló Ramírez.
Durante la sesión, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) mostró su preocupación por el aumento de la deuda externa, que, según la Contraloría General de la República (CGR), alcanzaría un 37,9% en 2025 si se aprueban estos créditos, lo que podría generar riesgos debido a las fluctuaciones cambiarias.
Acosta respondió a esta preocupación, indicando que el Estado emplea instrumentos financieros como el swap para mitigar esos riesgos, intercambiando pagos de intereses a tasa fija por pagos a tasa variable.
Por su parte, el diputado del Partido Nueva República (PNR), José Pablo Sibaja, cuestionó la urgencia del crédito, recordando que este mismo año fue rechazado un préstamo de $400 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la AFD, debido a la condición de destinar la totalidad del monto al pago de la deuda con la CCSS.
Acosta justificó el rechazo señalando que ese crédito resultaba "demasiado caro" para el Estado.
Fuente: Nación
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