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Costa Rica
La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) expresó su rechazo ante lo que considera una "injerencia indebida" del presidente costarricense Rodrigo Chaves y del ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, al emitir declaraciones críticas y descalificatorias contra un juez de Ejecución de la Pena en Costa Rica.
Mediante un comunicado difundido desde Buenos Aires, Argentina, y firmado por su presidente, Marcelo Gallo, la FLAM, que agrupa a magistrados de 18 países, defendió la actuación del juez, quien, según la federación, cumplió estrictamente con las competencias asignadas a su función.
“Las afirmaciones del presidente Chaves y del ministro Campos desconocen la separación de poderes y desinforman a la ciudadanía. Acusaciones como que ‘los jueces hacen lo que les da la bendita voluntad’ o que un juez busca favorecer a los privados de libertad son infundadas y agravan a la judicatura,” señaló Gallo en el pronunciamiento fechado el 3 de diciembre.
La FLAM subrayó que su misión es proteger la independencia del Poder Judicial como condición esencial para garantizar el Estado de derecho. En este caso, acusó al mandatario y a su ministro de emitir declaraciones que no solo afectan la institucionalidad costarricense, sino que constituyen un ataque directo a los principios democráticos.
“El ataque personal a un juez o la descalificación de sus fallos representa una intromisión inaceptable en el funcionamiento de la justicia y una afrenta a todos los ciudadanos costarricenses,” afirmó Gallo.
El conflicto surgió luego de que un juez permitiera la venta de productos de higiene personal, medicamentos de venta libre y otros artículos en un centro penitenciario en Limón. Esta decisión, según Chaves, favorecía de manera indebida a los reclusos. Como respuesta, el mandatario anunció una denuncia penal y otra ante la Inspección Judicial contra el juez Wílber Felipe Granados Monge.
La resolución judicial respondió a una queja de los privados de libertad, quienes alegaron que una circular del Ministerio de Justicia prohibía la comercialización de ciertos productos sin restringir su posesión dentro de la cárcel.
Para la FLAM, las declaraciones del presidente costarricense representan un intento de influir en las decisiones judiciales. El comunicado destacó que la independencia de los jueces está protegida por tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Un juez debe estar libre de presiones externas, intimidaciones o amenazas que puedan comprometer su independencia. Este principio es fundamental para garantizar el equilibrio de los poderes,” recordó Gallo.
La federación instó al presidente Chaves y al ministro Campos a respetar los principios fundamentales de la independencia judicial y evitar actos que puedan interpretarse como intimidación o menoscabo de la función jurisdiccional.
“Las discrepancias deben resolverse a través de los canales constitucionales y no mediante declaraciones que desacrediten a quienes ejercen la labor judicial,” concluyó Gallo.
Con este pronunciamiento, la FLAM refuerza la importancia de preservar la autonomía de los jueces frente a posibles injerencias, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la democracia en la región.
Fuente: Nación
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