Luis Abinader presenta proyecto de ley que castiga con prisión y multas el tráfico de influencia en el estado

 
República Dominicana

Un nuevo proyecto de ley presentado por el presidente Luis Abinader en el Senado establece penas de prisión de entre tres y cinco años para los funcionarios públicos culpables de ejercer tráfico de influencia, es decir, al intentar influir en sus compañeros para obtener beneficios económicos o judiciales, tanto para sí mismos como para terceros. Además de la condena de prisión, los implicados serán inhabilitados para ocupar cargos públicos durante cinco años y deberán pagar una multa equivalente al doble de los beneficios obtenidos.

Este proyecto forma parte del Proyecto de Ley de Persecución y Judicialización de las Organizaciones Criminales, que también prevé penas de prisión de entre 30 y 50 años para más de 30 delitos. Además, se estipula que aquellos que resulten beneficiados del tráfico de influencia recibirán la misma pena y una multa que puede oscilar entre cuatro y 10 veces el valor de los beneficios ilegales. En caso de no poder cumplir con la multa, deberán abonar entre 25 y 100 salarios mínimos, según lo especificado en el artículo 34 de la propuesta.

En el ámbito de las compras públicas, el artículo 55 establece que los funcionarios que violen la Ley de Compras y Contrataciones Públicas enfrentan una pena de prisión de entre 4 y 10 años, además de una inhabilitación por el mismo periodo y una multa de entre 30 y 250 salarios mínimos. Por otro lado, las personas físicas o jurídicas involucradas en delitos relacionados con compras fraudulentas pueden ser castigadas con penas de prisión de entre 4 y 10 años, así como una multa que varía entre 100 y 500 salarios mínimos.

La propuesta también incluye medidas para sancionar a quienes violen las normativas en los procesos de compras y contrataciones públicas, con penas de entre 3 y 5 años de prisión, como lo detalla el artículo correspondiente del proyecto.

El presidente Abinader presentó este proyecto junto con otro relacionado con la protección de víctimas, testigos y personas en riesgo, que busca la creación de una dirección especializada para velar por la seguridad de estos grupos vulnerables.

Ambos proyectos fueron remitidos a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado para su análisis. Si reciben un informe favorable, deberán ser aprobados en dos lecturas consecutivas y luego pasar a la Cámara de Diputados para el mismo proceso legislativo.

Fuente: Diario Libre