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Nicaragua
En 2024, la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó al menos siete reformas legales que refuerzan el control absoluto del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre el país. Estas reformas intensifican las restricciones contra opositores, empresas y organizaciones críticas, asegurando una sucesión dinástica y consolidando el poder ejecutivo en detrimento de los derechos democráticos.
Reforma constitucional
El 22 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una reforma constitucional propuesta por Ortega. Esta reforma oficializa el control del mandatario y su esposa sobre los poderes del Estado y asegura una sucesión dinástica al modificar más de 100 artículos de la Constitución.
Entre los cambios destacados, se incluye:
- La subordinación de los poderes electoral, judicial y legislativo al ejecutivo.
- La declaración de la bandera rojinegra del FSLN como símbolo patrio junto al Himno Nacional, la Bandera azul y blanco y el Escudo Nacional.
- La creación de una “Policía Voluntaria”, un grupo armado que respaldó a la Policía Nacional durante la represión de las protestas de 2018, las cuales dejaron más de 300 muertos, según organismos internacionales.
- La ampliación del período presidencial y de otros cargos estatales de cinco a seis años.
Dado que se trata de una enmienda constitucional, esta reforma entrará en vigor en 2025 tras su segunda aprobación.
Reforma a la Ley de Migración y Extranjería
El 28 de noviembre, la Asamblea aprobó cambios a la Ley General de Migración y Extranjería. Esta reforma legaliza las prácticas de destierro y apatridia como castigo a opositores, y criminaliza a quienes intenten salir del país por rutas no autorizadas. Estas medidas buscan frenar la emigración masiva que se ha intensificado desde la crisis sociopolítica de 2018.
Reforma a la Ley de Ciberdelitos
El 11 de septiembre, se reformó con urgencia la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), ampliando las disposiciones para criminalizar el uso de redes sociales y aplicaciones móviles. Las penas por delitos informáticos también se incrementaron, afectando principalmente a opositores y críticos del régimen.
La reforma incluye:
- La adición de los “delitos cometidos por redes sociales y aplicaciones móviles” a la normativa existente.
- La utilización de pruebas como “me gusta” y “retuits” en redes sociales para acusar a ciudadanos de “propagación de noticias falsas”.
Casos recientes incluyen a Cristóbal Geovany López (“Tropi Gamer”) y al académico Freddy Quezada, condenados bajo esta ley. Incluso campesinos sin acceso a teléfonos inteligentes han sido procesados injustamente.
En septiembre, se aprobó un paquete de reformas que amplía el control estatal y criminaliza más derechos civiles:
- Reforma al Código Penal: Legaliza las prácticas represivas y amplía la lista de delitos bajo el principio de universalidad, usados para perseguir opositores.
- Reformas a la Ley Contra el Lavado de Activos (Ley 977) y la Ley de Unidad de Análisis Financiero (Ley 976): Aumentan las regulaciones financieras, controlan las remesas y legalizan la confiscación de propiedades de opositores y organizaciones sin fines de lucro.
El ajuste al artículo 24 de la Ley 977 refuerza la recolección de datos sobre remesas, aumentando la vigilancia sobre los ciudadanos.
Todas las reformas fueron aprobadas sin cuestionamientos por una Asamblea Nacional completamente controlada por el FSLN. De los 91 diputados, 75 pertenecen al partido gobernante y los restantes, considerados colaboracionistas, también apoyan las iniciativas del régimen.
Con estas reformas, el régimen Ortega-Murillo consolida un control absoluto sobre Nicaragua, restringiendo cada vez más las libertades y los derechos de sus ciudadanos.
Fuente: La Prensa
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