.jpg)
Guatemala
Human Rights Watch (HRW) acusó este miércoles a la Fiscalía General de Guatemala, bajo la dirección de Consuelo Porras, de llevar a cabo una persecución política contra el presidente Bernardo Arévalo de León, buscando obstaculizar su investidura. La organización subrayó que, desde que Arévalo asumió el poder en enero de 2024, el Ministerio Público ha iniciado investigaciones penales contra su administración sin presentar pruebas que respalden las acusaciones.
HRW destacó que hasta la fecha se han abierto al menos 17 procesos judiciales contra altos funcionarios del Gobierno, mientras que se ha solicitado en varias ocasiones el levantamiento de la inmunidad presidencial ante la Corte Suprema, con el objetivo de procesar a Arévalo judicialmente.
La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, afirmó que las acciones de Porras demuestran un abuso de su cargo para perseguir a funcionarios del Gobierno sin evidencia sólida. Según Goebertus, este patrón de conducta recuerda a los esfuerzos liderados por la Fiscalía el año pasado, cuando se intentó revertir ilegalmente el resultado electoral tras el sorpresivo triunfo de la oposición.
En lugar de investigar el crimen organizado y la corrupción generalizada, la organización denuncia que la Fiscal General se dedica a iniciar investigaciones selectivas para debilitar al Gobierno de Arévalo. HRW también criticó que muchos de los casos abiertos por la Fiscalía se centran en cargos como abuso de poder, basados en hechos que no parecen constitutivos de delito.
La persecución de la Fiscalía no solo ha afectado al ámbito político, sino también al judicial, afectando a jueces, abogados y periodistas que se han opuesto a los intereses de Porras. Entre los afectados se encuentran el periodista José Rubén Zamora Marroquín y los ex fiscales Virginia Laparra y Stuardo Campo, quienes fueron encarcelados durante el Gobierno de Alejandro Giammattei. Además, la Fiscalía cerró investigaciones sobre presuntos sobornos recibidos por Giammattei de una empresa rusa con operaciones en Guatemala, así como de un ex funcionario acusado de corrupción.
HRW también señaló que Porras ha socavado investigaciones clave sobre corrupción y violaciones de derechos humanos, incluyendo el despido y reubicación de fiscales encargados de estos casos.
La ONG sustentó sus denuncias con entrevistas a 11 personas cercanas a los hechos, el análisis de numerosos documentos y declaraciones de miembros de la Fiscalía, además de enviar una carta a Porras solicitando información, sin recibir respuesta.
La cúpula del Ministerio Público, encabezada por Porras y Ángel Pineda, secretario general, ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea debido a sus “acciones que socavan la democracia” y su implicación en importantes hechos de corrupción.
Frente a esta situación, el presidente Arévalo ha intentado procesar a Porras por diversos delitos y propuso una reforma a la ley nacional para destituirla, dado que la Constitución establece que su mandato finaliza en 2026, salvo en caso de condena penal o comisión de un delito en flagrancia.
Fuente: Infobae
.jpg)