Honduras: Alcaldes de La Mosquitia exigen desarrollo, no prisiones en sus territorios

 
Honduras

Los alcaldes de la Mancomunidad de Municipios de la Mosquitia Hondureña (MAMUMH) han expresado su rechazo a la construcción de una cárcel en Mocorón, Puerto Lempira, argumentando que el proyecto no aporta beneficios a la población indígena de la región y podría traer consecuencias negativas.  

En un comunicado, los líderes municipales señalaron que la cárcel de emergencia, diseñada para albergar a más de 20,000 reclusos provenientes de distintas partes del país, tendría un impacto perjudicial en los municipios de Gracias a Dios. Entre las preocupaciones destacan el incremento de la criminalidad, daños ambientales, sociales y culturales, así como la posible invasión y usurpación de territorios indígenas.  

Los alcaldes instaron al gobierno, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, a respetar los derechos de los pueblos indígenas y llevar a cabo una consulta previa con las comunidades afectadas. Propusieron la conformación de una comisión gubernamental para dialogar con los consejos territoriales, comunales y las autoridades locales antes de avanzar con la obra.  

El comunicado destacó que el departamento de Gracias a Dios, un territorio de rica diversidad cultural y parte del corredor biológico mesoamericano, ha sido históricamente olvidado en términos de inversión pública. Las comunidades indígenas han reclamado durante décadas la falta de servicios básicos y desarrollo en áreas clave como salud, educación, infraestructura y transporte.  

Entre las necesidades prioritarias mencionadas por los alcaldes están:  

- Construcción de hospitales y centros educativos.  

- Mejora de pistas de aterrizaje para reducir costos de transporte aéreo.  

- Desarrollo de una red vial terrestre que conecte los municipios.  

- Inversiones en infraestructura fluvial para abaratar el transporte público.  

- Acceso a energía eléctrica y a la educación superior pública.  

Los alcaldes recordaron que el artículo 346 de la Constitución hondureña y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Honduras, obligan al Estado a proteger los derechos de los pueblos indígenas y garantizar su participación en proyectos que afecten sus territorios.  

“Cualquier inversión en nuestro territorio debe ser coordinada y respetuosa de nuestras comunidades. Exigimos un enfoque inclusivo y responsable que priorice las verdaderas necesidades del pueblo mosquitio”, concluye el pronunciamiento.  

Fuente: Proceso Digital