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Colombia
La reciente entrega de más de tres millones de firmas a la Registraduría por parte de los impulsores del referendo que busca otorgar mayor autonomía fiscal a los departamentos de Colombia ha desencadenado uno de los debates políticos más intensos del 2024.
Para el presidente Gustavo Petro, esta propuesta, que debe ser estudiada por el Congreso y podría ser tramitada en una ley si la Registraduría valida más de 2 millones de las firmas recogidas, representa un riesgo para aumentar las desigualdades en el país. En sus palabras, si los departamentos pudieran administrar los impuestos sobre la renta y el patrimonio, solo Bogotá y Medellín tendrían finanzas públicas sostenibles. Según Petro, esto intensificaría las disparidades regionales, lo que, a su juicio, podría derivar en un incremento de la violencia, pues, en su visión, los territorios con más recursos como Bogotá y El Poblado (Medellín) no entenderían cómo una centralización extrema puede coexistir con una violencia creciente.
Sin embargo, los promotores del referendo, entre los que se encuentran figuras como el exministro Wilson Ruiz, el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga y el concejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo, refutan esta visión. Aseguran que, incluso los departamentos que no generan tantos recursos como Antioquia o Valle del Cauca, no quedarían desfinanciados. Según Ruiz, la propuesta incluye la creación de un Fondo de Convergencia Regional, el cual busca apoyar a los territorios con menos recursos, garantizando su capacidad de manejar sus propios fondos.
El objetivo principal del referendo es modificar el artículo 298 de la Constitución de 1991 para permitir que los departamentos sean responsables de gravar la renta y el patrimonio de las personas y empresas dentro de sus territorios, alineándose con el artículo 317, que actualmente solo permite a los municipios gravar la propiedad inmueble.
La propuesta, según Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, sería clave para descentralizar los recursos y permitir que los departamentos compitan de manera más justa. Rendón recordó que, como alcalde de Rionegro, Antioquia, manejaba 400.000 millones de pesos para atender a 150.000 habitantes, mientras que como gobernador, tenía solo 190.000 millones para gestionar las necesidades de siete millones de personas. Según él, con la reforma, los departamentos generarían más riqueza, empleo y bienestar, sin priorizar a los más ricos.
Los críticos del referendo, como el senador Humberto de la Calle, argumentan que la reforma podría terminar destruyendo la solidaridad nacional. De acuerdo con él, los departamentos más desarrollados se beneficiarían, perpetuando las desigualdades regionales. "En lugar de cerrar brechas, se abren y se profundizan. El Chocó, La Guajira y otros territorios más empobrecidos quedarían aún más atrás", aseguró.
A pesar de las críticas, los promotores del referendo insisten en que el fondo destinado a compensar a los departamentos con menos recursos garantiza que ninguno recibirá menos de lo que recibe actualmente. Según Wilson Ruiz, esta compensación no solo es justa, sino que también asegura el desarrollo equitativo de todas las regiones.
El referendo es distinto a la reciente reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que fue aprobada en diciembre de 2024. Mientras que la reforma al SGP sigue concentrando los recursos en el nivel central, el referendo busca que los recursos fiscales se queden directamente en los departamentos. De acuerdo con el presidente Petro, la reforma constitucional al Sistema de Transferencias que busca cerrar las brechas regionales quedaría derogada si el referendo es aprobado.
¿Qué sigue para el referendo?
El siguiente paso para el referendo es la validación de las firmas por parte de la Registraduría. Si se alcanzan los 2 millones de firmas necesarias, el Congreso tramitaría una ley para convocar al referendo. Después, la Corte Constitucional revisaría el proceso, y si todo se ajusta a la ley, el presidente Petro convocaría oficialmente el referendo. Este proceso podría tardar hasta 20 meses, lo que implica que no se cruzaría con las elecciones de 2026.
Este referendo, cargado de implicaciones fiscales y políticas, promete continuar siendo un tema candente de debate en Colombia durante el 2024.
Fuente: El Tiempo
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