.jpg)
Perú
El gobierno de Dina Boluarte aprobó una controvertida ley que exime de responsabilidad a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) en casos donde el uso de su arma de fuego cause lesión o muerte a otra persona. La ley, oficializada mediante una resolución en el diario El Peruano, establece que ni fiscales ni jueces podrán ordenar detención preliminar o prisión preventiva contra un agente policial en estos casos.
La normativa, firmada por la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros (PCM) Gustavo Adrianzén, el presidente del Congreso Eduardo Salhuana y la primera vicepresidenta Patricia Juárez, tiene como objetivo “garantizar el principio de inocencia y proporcionar mayor protección a los miembros de la Policía Nacional del Perú”.
Además, se promulgó la ley Nº 32182, que modifica las leyes de Carrera Fiscal y Carrera Judicial, sancionando como “falta grave” la liberación o detención de personas capturadas en flagrancia por parte de la policía o civiles. También se considera una falta grave que un fiscal no solicite la detención preventiva de una persona detenida o que omita pruebas esenciales para que el juez no apruebe la solicitud.
La ley comenzará a regir el jueves 12 de diciembre a partir de las 00:00 horas y prohíbe a fiscales y jueces dictar detenciones o prisiones preventivas cuando un policía actúe dentro de su función y se produzca una lesión o muerte como consecuencia del uso reglamentario de su arma.
A partir del 12 de diciembre, entra también en vigor una nueva ley que sancionará a los fiscales que filtren o proporcionen información sobre investigaciones de personas involucradas en delitos. El objetivo de esta ley es "optimizar la administración de justicia en la lucha contra la criminalidad organizada". Según la resolución, se considera una infracción grave facilitar información reservada que un fiscal conozca por su cargo.
Fuente: La República
.jpg)