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El Salvador
Un informe presentado por el Consorcio por la Transparencia con motivo del "Día Internacional contra la Corrupción" revela que El Salvador enfrenta un estancamiento significativo en su lucha contra la corrupción, con deficiencias notorias en varias áreas clave de la gobernanza.
El análisis resalta la falta de acceso adecuado a la información pública, la debilidad en la rendición de cuentas y las amenazas constantes a derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, asociación y reunión, según denuncian diversas organizaciones. Estos aspectos son considerados factores cruciales para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, El Salvador ocupa el puesto 126 de 180 países evaluados, con una calificación de solo 31 puntos sobre 100, lo que refleja una tendencia negativa que se mantiene durante varios años. Este puntaje sugiere serias deficiencias en el combate a la corrupción dentro del país.
El Salvador también obtuvo una calificación alarmantemente baja en el Índice de Presupuesto Abierto (OBI), alcanzando solo 24 puntos sobre 100, lo que lo coloca en la categoría de países con mínima transparencia en la gestión financiera pública.
El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project asignó al país una puntuación de 0.43 sobre 1.00, señalando graves desafíos tanto en el respeto a los derechos fundamentales como en la lucha efectiva contra la corrupción.
El sitio web www.podesdecirlo.com ha canalizado diversas denuncias hacia el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), sin embargo, la opacidad de las instituciones públicas sigue siendo un problema significativo. De acuerdo con el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el uso excesivo de la reserva de información continúa siendo un obstáculo clave para la transparencia.
Organismos como Observa han señalado irregularidades en el proceso electoral de 2024, incluyendo la falta de información sobre las decisiones del Tribunal Supremo Electoral y el uso inapropiado de recursos públicos con fines electorales. Además, la Fundación Nacional para el Desarrollo criticó la falta de criterios claros en la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, el informe "Monitoreo sobre probidad en la función pública 2024" de Acción Ciudadana expuso niveles alarmantes de incumplimiento en la presentación de declaraciones patrimoniales y una paralización en los procesos administrativos dentro de la Corte Suprema de Justicia, lo que resalta la falta de medidas efectivas contra la corrupción en el sistema judicial.
Fuente: La Prensa Gráfica
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