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Ecuador
El gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Gobierno, ha solicitado formalmente a la Cancillería que gestione ante el gobierno mexicano la revocación del estatus de refugiado de Walter Hipólito Solís Valarezo, exministro de Obras Públicas en el gobierno de Rafael Correa. Esta solicitud se enmarca en el contexto del Día Internacional contra la Corrupción y responde a las múltiples condenas y procesos judiciales que enfrenta Solís por delitos vinculados a la corrupción.
Solís, quien reside en México desde 2018 bajo la figura de refugiado, ha sido condenado en Ecuador por varios casos emblemáticos de corrupción. Entre las principales sentencias en su contra se encuentran ocho años de prisión por el delito de cohecho en el caso Sobornos, en el que también fueron sentenciados Rafael Correa y otros exfuncionarios del gobierno correísta. Además, fue condenado a otros ocho años de prisión por peculado en el caso Senagua, relacionado con la malversación de fondos públicos. También enfrenta una orden de prisión preventiva en el caso Reconstrucción de Manabí, por el desvío de recursos destinados a la recuperación tras el terremoto de 2016.
El gobierno ecuatoriano ha solicitado a la Interpol una notificación roja para la captura internacional de Solís, aunque según su abogada, Sonia Vera, la organización no ha validado la solicitud, argumentando que si se hubiera aceptado, la Interpol estaría obligada a notificar a Solís y garantizar su derecho a apelación, algo que no ha ocurrido.
En su comunicado, el Ministerio de Gobierno destacó que los delitos de Solís fueron cometidos antes de que México le otorgara el estatus de refugiado, por lo que no existen bases legales para que se mantenga esa protección. Las autoridades ecuatorianas sostienen que la solicitud de refugio de Solís no cumple con los criterios establecidos por la legislación mexicana ni los tratados internacionales sobre refugiados, incluyendo el principio de no devolución, invocado por México en noviembre de 2023 cuando Solís fue detenido brevemente en Ciudad de México por la Interpol.
Desde el entorno del correísmo y la defensa de Solís, se ha sostenido que los procesos judiciales en su contra son parte de una estrategia de persecución política, conocida como "lawfare", que utiliza el sistema judicial para deslegitimar a los adversarios políticos. La abogada de Solís, Sonia Vera, ha asegurado que las acciones del gobierno ecuatoriano, incluyendo la solicitud a Interpol y la petición de cancelación del estatus de refugiado, están motivadas por intereses políticos y que carecen de base jurídica.
En respuesta, Vera también ha cuestionado la legitimidad del gobierno ecuatoriano para solicitar la colaboración de México, recordando el incidente de abril de 2024, cuando las fuerzas policiales de Ecuador irrumpieron en la Embajada de México en Quito en un intento por capturar al exvicepresidente Jorge Glas, lo que llevó a una ruptura en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reafirmado la condición de refugiado de Solís, indicando en su conferencia matutina del 22 de noviembre que la negativa a extraditarlo se basa en su estatus de refugiado, el cual, según las normas internacionales, impide su entrega a un país donde podría enfrentar "persecución política".
La Cancillería mexicana ha confirmado que se está revisando la solicitud de Ecuador, aunque no se ha especificado si las gestiones para la cancelación del estatus de Solís se llevarán a cabo a través de un tercer país.
Fuente: Infobae
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