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Ecuador
La audiencia de formulación de cargos contra 10 personas y 10 empresas vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el denominado caso Triple A, fue suspendida por quinta ocasión. La diligencia, que estaba programada para este domingo 1 de diciembre de 2024 a las 09:30, no se llevó a cabo debido a la misma situación que en ocasiones anteriores: abogados enfermos y procesados que cambiaron de defensa.
La Fiscalía expresó su desaprobación por la forma en que se ha dilatado el proceso, calificando como inaceptables las continuas suspensiones, las cuales han ocurrido en los siguientes días: 14 de octubre, 6 de noviembre, 11 de noviembre y 14 de noviembre. En todos los casos, las partes involucradas solicitaron el aplazamiento.
A pesar de la nueva cancelación, el juez mostró su frustración y advirtió a los procesados sobre el uso reiterado de excusas, mencionando que estas maniobras, como los cambios de abogados, podrían interpretarse como intentos para retrasar aún más la audiencia. En este contexto, el magistrado ordenó que se realicen verificaciones a los médicos y hospitales que emitieron los certificados médicos presentados, con el fin de autenticar las firmas y confirmar la validez de los documentos. Además, sancionó con una multa equivalente a un salario básico al abogado que solicitó el último aplazamiento.
El juez, visiblemente molesto, declaró que esta sería la "última vez" que se suspendía la audiencia y convocó a todas las partes a una nueva cita, que se celebrará entre el 14 y el 23 de diciembre a las 09:30. "Esta es la última ocasión en la que se malogró la instalación", aseguró. Ante las quejas de dos abogados, el magistrado amplió la convocatoria hasta el 31 de diciembre, por lo que la audiencia podrá llevarse a cabo en cualquiera de esos días.
El caso Triple A, que involucra a las empresas de los hermanos Álvarez Henriques —Aquiles, Antonio y Xavier—, está centrado en la acusación de venta ilegal de combustibles. El 12 de julio, la Agencia de Regulación de Recursos Naturales No Renovables (ARC) presentó la denuncia por "almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles".
Fuente: Primicias
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