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Costa Rica
La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa rechazó este miércoles una propuesta presentada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para destinar $60 millones de un crédito por $500 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) al pago de la deuda que el Estado mantiene con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
La moción fue presentada por el legislador Alejandro Pacheco, quien solicitó que el Ministerio de Hacienda destinara el 12% de los fondos del préstamo a la amortización de esta deuda. No obstante, la propuesta fue desechada tras dos votaciones empatadas 5 a 5, lo que generó su rechazo automático.
Los opositores a la moción argumentaron que modificar el destino de los recursos del crédito no era legal ni constitucionalmente viable. Sin embargo, el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso aclaró que sí era posible realizar el cambio, dado que no afectaba directamente el contrato suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el BIRF.
La moción obtuvo el respaldo de Pacheco y de su compañero de bancada Carlos Felipe García, así como de los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) Paulina Ramírez, Sonia Rojas y José Joaquín Hernández. En contra votaron Pilar Cisneros y Ada Acuña, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), así como Gilbert Jiménez (PLN), Pablo Sibaja (Partido Nueva República) y Eliécer Feinzaig (Partido Liberal Progresista).
La propuesta de Pacheco sugería una modificación al artículo 2 del proyecto de ley que acompaña el crédito, para especificar que el 88% del préstamo se destinaría al pago del servicio de la deuda, mientras que el restante 12% se usaría para la deuda con la CCSS. En la versión original del expediente 24425, el texto solo señalaba que los recursos serían utilizados exclusivamente para el pago de deuda, sin especificar el destino exacto.
Luis Paulino Mora, asesor de Servicios Técnicos del Congreso, explicó que el crédito podría destinarse a la deuda con la CCSS, ya que es una deuda del Estado con una institución pública. Sin embargo, la diputada Cisneros cuestionó este criterio, argumentando que el informe de Servicios Técnicos del Congreso había limitado las facultades del Congreso a aprobar o rechazar el préstamo, sin permitir modificaciones al contrato.
Mora defendió que, aunque el Congreso no puede cambiar el contrato, sí tiene la potestad de modificar las normas aplicables a los recursos del préstamo, siempre que no contravengan lo acordado en el contrato
Ada Acuña, del PPSD, resaltó la oposición del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien expresó que la modificación al crédito podría tener un impacto negativo en el Presupuesto Nacional. Según Acuña, Acosta advirtió que no se puede modificar el presupuesto de manera unilateral sin ingresos adicionales certificados por la Contraloría General de la República, ya que los préstamos de apoyo presupuestario, como el del BIRF, no aumentan el presupuesto, sino que simplemente cambian la fuente de los recursos.
Los diputados José Pablo Sibaja y Joaquín Hernández mostraron incertidumbre sobre respaldar la propuesta del PUSC, debido a los efectos que tuvo la aprobación de una moción similar para un crédito de $400 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), que fue descartada tras las diferencias sobre el destino de los recursos.
Hernández expresó su preocupación de que, como ocurrió con el crédito anterior, la propuesta no sea aceptada debido a las diferencias internas, lo que podría perjudicar al país en general.
Por su parte, la presidenta de la Comisión, Paulina Ramírez, no descartó la posibilidad de presentar una nueva moción en el futuro, esta vez para destinar un 10% de los fondos, como ha sido la práctica habitual en la Asamblea Legislativa desde 2020.
Fuente: Nación
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