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Perú
La presidenta Dina Boluarte se encuentra bajo fuerte presión debido a su demora en promulgar la ley 9733, que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia. La ley, aprobada por el Congreso y enviada al Ejecutivo hace 10 días, tiene como objetivo revertir la ley 32181, que eliminó esta facultad judicial, aunque con algunas modificaciones. La tardanza en la firma de la ley ha generado críticas sobre la postura del gobierno frente a la criminalidad y la corrupción.
El 11 de diciembre, se promulgó la ley 32181, que eliminó la posibilidad de detención preliminar en casos donde no se detecta flagrancia, lo que limitó significativamente las herramientas de fiscales y jueces en situaciones complejas. Ante la controversia, el Congreso aprobó una nueva normativa para restituir esta medida, aunque su aplicación depende de la firma presidencial. La falta de acción por parte de Boluarte ha generado especulaciones sobre posibles motivaciones políticas, sobre todo debido a la implicación de funcionarios cercanos a su administración en casos recientes.
El proyecto de ley 9733 fue aprobado con 79 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones por el Congreso. El texto propone restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia, con una modificación en el artículo 261 del Código Procesal Penal. Según el proyecto, el juez podrá emitir una resolución motivada a solicitud del fiscal, dictando mandato de detención preliminar si existen elementos razonables para considerar que una persona ha cometido un delito castigado con más de cuatro años de prisión y si hay indicios de posible fuga o de obstaculización de la investigación.
Esta norma fue exonerada de una segunda votación, lo que aceleró su trámite legislativo. Sin embargo, su promulgación depende aún de la firma de la presidenta Boluarte, quien hasta ahora no ha mostrado señales claras sobre su decisión.
Fuente: La República
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