Declaran constitucional la desaparición de órganos autónomos en México

 
México

La Cámara de Diputados declaró la validez constitucional de las reformas que eliminan siete organismos autónomos como parte de una reestructuración en materia de simplificación orgánica. El proyecto fue turnado al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor.  

Con estas reformas, se extinguen el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).  

El presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, oficializó la declaratoria de constitucionalidad tras confirmar los votos favorables de 21 legislaturas locales. En su mensaje, señaló:  

"El Congreso de la Unión, en uso de sus facultades constitucionales, declara reformadas diversas disposiciones de la Constitución en materia de simplificación orgánica."

Los congresos estatales que avalaron la reforma incluyen Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.  

Las funciones de los organismos eliminados serán asumidas por diversas dependencias federales:  

- INAI: Su labor será repartida entre la Secretaría Anticorrupción, órganos de control del Legislativo y Judicial, y el INE en lo relacionado con partidos políticos.  

- Cofece e IFT: Sus atribuciones serán concentradas en una nueva “autoridad antimonopolios”.  

- Coneval: Pasará a depender del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).  

- CRE y CNH: Serán absorbidas por la Secretaría de Energía.  

- Mejoredu: Sus funciones serán asumidas por la Secretaría de Educación Pública.  

La medida ha generado debate sobre el impacto en la transparencia, competencia económica y regulación, en un contexto donde la centralización administrativa busca optimizar recursos y procesos gubernamentales.  

Fuente: Milenio