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Costa Rica
El gobierno de la República ha presentado un proyecto de ley para la disolución del Ministerio de Gobernación y Policía. Sin embargo, las instituciones dependientes de este ministerio, como la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) y la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), no desaparecerán, sino que serán transferidas a otras entidades gubernamentales.
Laura Fernández, ministra de la Presidencia y Planificación, aclaró que la reforma no implicará despidos. Los funcionarios serán reubicados en otros ministerios conforme a sus derechos laborales. “Las plazas actuales serán trasladadas a los ministerios encargados de las nuevas competencias, como el Ministerio de Seguridad, Mideplán y el Ministerio de la Presidencia,” indicó Fernández en un comunicado difundido el 26 de noviembre.
El Ministerio de Gobernación y Policía, que alberga entidades como Dinadeco, Migración, el Tribunal Administrativo Migratorio, la Imprenta Nacional y la Oficina de Programación Publicitaria, ha visto su rol disminuido con el paso de los años. La administración de Rodrigo Chaves sostiene que esta medida es necesaria, dado que la cartera ha perdido su “razón de ser” y sus funciones pueden ser redistribuidas más eficientemente en otras instituciones.
El proyecto de ley subraya que, aunque el Ministerio de Gobernación y Policía desempeñó un papel crucial en el desarrollo nacional, especialmente en la gestión de las gobernaciones provinciales, su relevancia comenzó a disminuir con la creación del Ministerio de Seguridad Pública en 1973. Desde entonces, las competencias de seguridad, como la dirección de la Fuerza Pública, fueron asumidas por el Ministerio de Seguridad, mientras que el Ministerio de Gobernación mantuvo la denominación de "policía".
Fernández destacó que la pérdida de dirección del Ministerio de Gobernación comenzó en 1995, cuando, a través de un decreto ejecutivo, se delegó al Ministerio de Seguridad Pública las funciones relacionadas con Gobernación, situación que se ha mantenido hasta la fecha.
El proyecto de ley propone que Dinadeco pase a depender del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), la Imprenta Nacional se traslade al Ministerio de la Presidencia, y tanto el Tribunal Administrativo Migratorio como la Dirección de Migración se integren al Ministerio de Seguridad Pública.
Además, se eliminarían las juntas administrativas de la Imprenta Nacional y de la DGME, delegando sus funciones directamente a las instituciones correspondientes, salvo aquellas que pertenezcan al titular del ministerio o sean de su exclusiva competencia.
La propuesta también modifica varias leyes para asignar las funciones de Gobernación y Policía a otros ministerios. Por ejemplo, los procesos de expropiación, que anteriormente eran responsabilidad de Gobernación, serán asumidos por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), conforme a cambios en la Ley de Aguas. También se delega en el Ministerio de Justicia y Paz la regulación sobre propaganda que utilice la imagen de la mujer o que degrade a los adultos mayores.
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) tomaría las competencias de Gobernación en relación con la Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral.
El proyecto subraya que más del 80% del presupuesto del Ministerio de Gobernación y Policía se destina a sus órganos desconcentrados. El mayor porcentaje, un 41.75%, se asigna a la DGME, seguido por Dinadeco con un 34.71%. La actividad central del Ministerio recibe solo el 16.28%, mientras que la Imprenta Nacional consume un 6.65%. Otros programas, como el Tribunal Administrativo Migratorio y la Programación Publicitaria, tienen asignaciones menores.
En cuanto a la distribución de puestos, solo 83 plazas están vinculadas a las actividades centrales del Ministerio, mientras que la DGME cuenta con 876 puestos, Dinadeco tiene 141, la Imprenta Nacional 167, y el Tribunal Administrativo Migratorio 6.
El proyecto fue suscrito por el presidente Rodrigo Chaves, la ministra Laura Fernández y el ministro de Seguridad Pública y Gobernación, Mario Zamora.
Fuente: Nación
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