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Costa Rica
El Ministerio de Justicia y Paz no informa a la Fiscalía sobre los miles de privados de libertad que son trasladados al sistema semiinstitucional. En este esquema, los condenados cumplen su pena fuera de los centros penitenciarios bajo ciertas condiciones y sin la autorización de un juez. Dado que el Ministerio no está obligado a compartir esta información, las autoridades judiciales desconocen la identidad de quienes son ubicados fuera de las cárceles.
Según explicó el Ministerio, el traslado al régimen semiinstitucional es un procedimiento interno gestionado por el Instituto Nacional de Criminología, órgano encargado de determinar qué condenados pueden terminar de cumplir su pena fuera de prisión. Este proceso no contempla informar al Poder Judicial.
Durante los últimos tres años, 2.227 privados de libertad fueron trasladados al sistema semiinstitucional. Sin embargo, no todas estas personas permanecen bajo este régimen: algunas han finalizado sus condenas y otras han sido retornadas a centros penitenciarios cerrados por incumplir las condiciones. Actualmente, según el Ministerio de Justicia, hay 1.818 personas en este sistema:
- 1.749 personas están en la modalidad de “presentación”, lo que implica que llevan una vida normal fuera de los centros y deben firmar una vez por semana.
- 59 personas se encuentran en la modalidad de “pernocta”, donde duermen en los centros de atención de domingo a viernes y tienen libertad durante el día.
Carlos Montenegro, fiscal de la Fiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena, afirmó que ni fiscales ni jueces son informados sobre las decisiones administrativas del régimen semiinstitucional. Esto genera que la Fiscalía desconozca el estatus de los reclusos hasta que ocurre un incidente relacionado con alguno de ellos.
“Nosotros no tenemos ninguna injerencia, incluso ni sabemos. En este momento pueden estar viendo casos de esos y yo ni me doy cuenta. Ni la Fiscalía ni los jueces se dan cuenta: es de ellos (Justicia). Las personas deben estar bajo el monitoreo del Ministerio de Justicia”, declaró Montenegro.
El fiscal también mencionó que han recibido denuncias confidenciales sobre privados de libertad que podrían estar haciendo un mal uso del régimen. En estos casos, notifican al Ministerio de Justicia para tomar medidas, incluyendo la posibilidad de retornar a los reclusos a centros penitenciarios.
Tanto el Ministerio de Justicia como la Fiscalía coinciden en que un proyecto de ley podría solventar esta problemática. La iniciativa, tramitada bajo el expediente N.º 24019, obligaría al Instituto Nacional de Criminología a remitir a la Fiscalía de Ejecución de la Pena información sobre cada privado de libertad en el régimen semiinstitucional. Además, regularía la ejecución de penas en ambos sistemas.
Aunque la propuesta fue dictaminada positivamente en octubre en la Comisión de Seguridad, el presidente Rodrigo Chaves y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, la excluyeron de la agenda legislativa en noviembre. Ahora, el proyecto deberá esperar a que el Congreso regrese a sesiones ordinarias para ser discutido nuevamente.
El traslado al régimen semiinstitucional se basa en informes internos elaborados por equipos interdisciplinarios que evalúan la conducta de los reclusos, su convivencia, y sus lazos familiares, entre otros aspectos. Este proceso no requiere una audiencia judicial, a diferencia de la libertad condicional, que sí pasa por un juicio para determinar la reintegración social del recluso.
Además, el Código Penal no obliga al Ministerio de Justicia a reportar información a la Fiscalía, limitando el monitoreo judicial sobre los beneficiarios del régimen semiinstitucional. Actualmente, la Dirección General de Adaptación Social administra 11 Centros de Atención Semiinstitucional distribuidos por el país: nueve para hombres y dos para mujeres.
Según Montenegro, el traslado al sistema semiinstitucional equivale, en la práctica, a un cambio de custodia, ya que los reclusos dejan de estar en centros cerrados para convivir en la comunidad bajo condiciones.
“Si lo vemos materialmente, tanto estas personas como las de libertad condicional están afuera con una serie de condicionamientos. Pero en esa vía administrativa nosotros no tenemos injerencia; ha sido totalmente una facultad del Ministerio de Justicia”, explicó el fiscal.
La falta de coordinación entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía plantea interrogantes sobre la eficacia del monitoreo y la transparencia en el manejo del régimen semiinstitucional, dejando abierta la necesidad de una reforma legal que garantice mayor control y supervisión.
Fuente: La Nación
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