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El Salvador
Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que el régimen de excepción implementado por el Gobierno de El Salvador, como parte de su estrategia para combatir a las pandillas, constituye un modelo de seguridad que sacrifica los derechos humanos. En un mensaje difundido en la red social X (antes Twitter), la organización instó a la comunidad internacional a tomar acciones decisivas para exigir al Estado salvadoreño que rinda cuentas por lo que considera "violaciones generalizadas de derechos humanos".
El régimen de excepción, que cumple 1,000 días este sábado, ha sido señalado por AI como una medida que refleja un patrón sistemático de abuso estatal. Según la entidad, este incluye miles de detenciones arbitrarias, tortura en centros de detención y cientos de muertes bajo custodia estatal.
Ana Amancay Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, criticó que el discurso gubernamental de "paz" encubre un sistema represivo que perpetúa la opresión y el abuso de poder. “Lo que el gobierno llama 'paz' es un espejismo que oculta una estructura de control que vulnera los derechos de los sectores más marginados de la sociedad, como quienes viven en pobreza y bajo el estigma estatal”, expresó.
AI también advirtió que la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, continúa ampliando mensualmente el régimen de excepción, que fue instaurado en marzo de 2022. Esta medida suspende derechos fundamentales, como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las comunicaciones, además de permitir detenciones administrativas de hasta 15 días.
El Socorro Jurídico Humanitario (SJH), una organización no gubernamental, señaló que el régimen podría volverse permanente en 2024. La medida ha llevado a la detención de más de 86,000 personas, incluyendo presuntos pandilleros y colaboradores, y se ha consolidado como la principal estrategia del Gobierno de Nayib Bukele para combatir el crimen organizado.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han recibido más de 6,400 denuncias por presuntas violaciones, entre ellas detenciones arbitrarias y torturas. También reportan al menos 340 muertes bajo custodia estatal, la mayoría de ellas con signos de violencia.
Por su parte, el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) entregó este lunes documentación en Casa Presidencial para evidenciar la inocencia de varios detenidos bajo este marco legal, mientras aumentan las críticas sobre la sostenibilidad de una política de seguridad que prioriza el control sobre los derechos fundamentales.
Fuente: La Prensa Gráfica
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