La reciente elección de varios alcaldes chilenos ha traído consigo una serie de controversias, al revelarse que varios de ellos están siendo investigados por delitos graves, como violación, abuso sexual, violencia intrafamiliar y cohecho. Entre estos casos destaca el de Javier Jaramillo, reelecto alcalde de Victoria (Región de la Araucanía), quien, a pesar de estar con arresto domiciliario debido a acusaciones de violación y abuso sexual contra dos funcionarias municipales, obtuvo un permiso de dos horas para asistir a su toma de posesión el pasado viernes. Jaramillo fue formalizado por estos delitos ocurridos entre 2016 y 2019, pero logró ser reelecto con el 29.82% de los votos.
Otro caso polémico es el de Jorge del Pozo, alcalde electo de Chillán Viejo, quien, tras celebrar su victoria en las elecciones municipales del 27 de octubre, fue detenido por violencia intrafamiliar contra su pareja, hecho por el cual fue formalizado por lesiones leves. Además, enfrenta dos investigaciones por delitos sexuales. Una de estas denuncias fue presentada por la directora de un jardín infantil, quien acusa a Del Pozo de obligarla a bailar en un evento social y luego despedirla sin justificación. La otra denuncia proviene de una ex trabajadora del municipio, quien asegura que el edil la acorraló y realizó insinuaciones sexuales en su casa en 2020.
Además de Jaramillo y Del Pozo, el caso de Mario Meza, reelecto alcalde de Linares, también ha generado alarma. Meza, quien ha estado bajo arresto domiciliario nocturno desde octubre por fraude al fisco, fue acusado de liderar una red de corrupción que benefició a proveedores con compras fraudulentas de insumos durante la pandemia, generando ganancias millonarias.
Por su parte, Aníbal Valenzuela, alcalde electo de Nancagua, fue involucrado en el ‘Caso Licencias’, por tramitar licencias de conducir de manera ilegal para jugadores del club de fútbol Colo Colo a cambio de mercancía. A pesar de haber sido imputado por cohecho agravado, Valenzuela fue elegido con el 49.59% de los votos.
Finalmente, el reelecto alcalde de Coronel, Boris Chamorro, enfrenta serias acusaciones por cohecho, administración desleal y delitos tributarios por la entrega de recursos desde Puerto Coronel a autoridades locales. Chamorro, quien asumió su cargo el pasado viernes, está a la espera de una posible prisión preventiva tras su formalización este lunes.
Estos casos reflejan una preocupante falta de información o desinterés de los votantes respecto a las causas penales de sus líderes municipales, lo que deja abierta la discusión sobre la responsabilidad política en un contexto donde la impunidad parece prevalecer en ciertos sectores del poder local.
Fuente: Infobae