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Panamá
La Caja de Seguro Social (CSS) enfrenta una morosidad cercana a los $320 millones, según informó su director general, Dino Mon. Un estudio de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) revela que el 40% de esta deuda proviene de personas naturales, reflejando un desafío social complejo.
Mon explicó que este segmento incluye empleadores particulares que dejaron de pagar cuotas debido a dificultades económicas, agravadas durante la pandemia. "No se puede abordar esta situación de manera agresiva, ya que muchas familias quedaron muy afectadas por el covid-19," señaló, subrayando la necesidad de implementar métodos de cobro más sensibles.
El restante 60% de la deuda corresponde en su mayoría a pequeñas y medianas empresas que también sufrieron los efectos económicos de la pandemia, lo que complica aún más el panorama financiero de la CSS.
El Ejecutivo ha presentado un proyecto de reforma para abordar la crisis de la CSS, que incluye medidas controvertidas como el aumento de la edad de jubilación y de la cuota obrero-patronal. Aunque estas propuestas han generado oposición en diversos sectores, el presidente José Raúl Mulino ha dejado claro que no retirará el proyecto.
"Actuaré ahora, mientras cuento con capital político. Ignorar el problema ha sido una irresponsabilidad histórica. El liderazgo implica tomar decisiones difíciles," declaró el mandatario, quien enfatizó que postergar las reformas pondría en riesgo la estabilidad financiera del país y el sistema de pensiones.
La postura del Ejecutivo ha sido respaldada por analistas y organizaciones. Helmut De Puy, presidente del Movimiento Súmate Panamá, afirmó que enfrentar la crisis de la CSS es urgente, sin importar el costo político. "La clase trabajadora está perdiendo confianza en el sistema. Si no actuamos ahora, las futuras generaciones serán las más afectadas," advirtió.
Mientras algunos legisladores han solicitado el retiro del proyecto, otros, como el diputado Luis Eduardo Camacho, han llamado a cumplir con el deber legislativo de analizar, debatir y, si es necesario, modificar la propuesta. "La Asamblea debe asumir su responsabilidad. El Ejecutivo ha sido responsable al reconocer la gravedad del problema," afirmó Camacho.
Por su parte, el analista político Juan Carlos Tapia criticó la desinformación difundida durante el debate público. "Las opiniones sin fundamento solo alimentan la ignorancia y desvían la discusión," sostuvo.
El proyecto continuará en discusión en la Asamblea Nacional hasta el 31 de diciembre. Una vez aprobado, se espera que sea sancionado por el Ejecutivo. Según De Puy, el éxito de las reformas dependerá no solo del liderazgo presidencial, sino también de un esfuerzo conjunto entre todas las partes involucradas para garantizar la sostenibilidad del sistema y el bienestar de millones de panameños.
Fuente: Panamá América
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