Posponen la aprobación del presupuesto general del estado 2025 en Guatemala

 
Guatemala

El Congreso de la República dejó en suspenso la aprobación del Presupuesto General del Estado para 2025, originalmente programada para el viernes 22 de noviembre. La sesión, que debía ratificar un presupuesto de Q148,526 millones para el segundo año de gobierno de Bernardo Arévalo, se vio interrumpida por una maniobra legislativa que buscaba reinstaurar al partido Movimiento Semilla.

Los diputados Samuel Pérez y Andrea Villagrán presentaron una moción para incluir en la agenda la discusión de la Iniciativa contra la Delincuencia Organizada. Esta propuesta plantea que únicamente el Tribunal Supremo Electoral tenga la facultad de suspender partidos políticos, lo que revertiría la suspensión provisional de Movimiento Semilla.

A pesar de los esfuerzos, la moción no logró el apoyo necesario. Ante esto, la Junta Directiva rompió el quórum, paralizando la sesión. La medida, celebrada por el oficialismo, generó tensiones en el pleno.

La ruptura del quórum desencadenó un enfrentamiento verbal entre la diputada Andrea Villagrán y Evelyn Morataya, del bloque VIVA. Morataya denunció haber sido presionada y amenazada con acciones legales para votar a favor de la iniciativa. También criticó a los oficialistas por desviar el propósito de la sesión, recordándoles que los acuerdos se limitaban a aprobar el presupuesto.

Por su parte, Villagrán y Pérez rechazaron las acusaciones y señalaron al Ministerio Público, específicamente a Ángel Pineda, de haber interferido para bloquear la aprobación de la ley propuesta. Sin embargo, evitaron detallar quiénes habrían recibido dichas presiones.

Héctor Aldana, diputado del bloque VAMOS, denunció que los oficialistas ofrecieron proyectos extraordinarios y recurrieron a insultos y amenazas para ganar apoyo. Según Aldana, estas acciones han provocado un malestar generalizado en el Congreso, poniendo en riesgo la aprobación del presupuesto.

Con el presupuesto pendiente y el tiempo en contra, el Congreso enfrenta el desafío de alcanzar un consenso antes del 30 de noviembre, fecha límite para su aprobación. El retraso no solo pone en peligro la estabilidad financiera del país, sino que también evidencia las tensiones políticas que marcan el segundo año de la administración de Bernardo Arévalo.

La sesión del 22 de noviembre deja un escenario polarizado, donde el debate legislativo continúa siendo escenario de disputas estratégicas y enfrentamientos personales.

Fuente: Canal Antigua

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