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Estados Unidos
El alcalde demócrata de Denver, Mike Johnston, ha declarado estar dispuesto a enfrentar las consecuencias legales, incluso la cárcel, por su oposición a las deportaciones masivas anunciadas por el expresidente Donald Trump, quien asumirá un segundo mandato en enero próximo.
Las declaraciones de Johnston, que luego fueron aclaradas, generaron controversia entre sectores republicanos, quienes acusan al alcalde de insubordinarse frente a políticas migratorias que corresponden al ámbito federal. Según Tom Homan, designado por Trump como el próximo "zar de la frontera", obstruir a agentes federales es un delito que podría llevar a Johnston a prisión.
Pese a su postura firme contra el uso de tropas estadounidenses para operaciones migratorias, Johnston subrayó que su administración colaborará con las autoridades en casos de crímenes graves. "Si alguien comete delitos violentos como asesinato o violación en Denver, esa persona debe enfrentar el peso de la ley y ser deportada", afirmó.
El alcalde calificó las deportaciones masivas como "ilegales, inmorales y contrarias a los valores estadounidenses". Contó con el respaldo de organizaciones humanitarias como Hope Has No Borders (Esperanza Sin Fronteras), cuya directora ejecutiva, Andrea Ryall, expresó su rechazo al despliegue militar en comunidades locales. "No queremos vivir en un país donde el Ejército toque puertas para llevarse a nuestros vecinos. Eso no es Estados Unidos", lamentó.
En otras partes del país, las autoridades locales también han tomado medidas para proteger a los migrantes. En Los Ángeles, el Concejo Municipal prohibió el uso de recursos locales para colaborar con actividades federales de inmigración. Asimismo, los gobernadores de California, Arizona y Nuevo México anunciaron su negativa a participar en deportaciones masivas.
Por su parte, organizaciones como el Centro de Bienvenida de las Montañas Rocosas, en Aurora, Colorado, han intensificado sus esfuerzos. Su presidenta, Margaret Thompson, manifestó que seguirán apoyando a familias inmigrantes y fomentando comunidades basadas en la inclusión y la equidad. "La incertidumbre y la retórica divisiva de esta administración nos han obligado a redoblar nuestro compromiso", señaló.
Mientras tanto, la situación contrasta en Nueva York, donde el alcalde Eric Adams expresó su confianza en las políticas de Trump y anunció el cierre de programas de apoyo a inmigrantes, incluida la cancelación de tarjetas prepagadas y el cierre de 12 albergues, como parte de lo que calificó como un "optimismo" hacia la nueva administración federal.
La llegada de un segundo mandato de Trump pone a prueba la relación entre los gobiernos locales y federales, generando tensiones en un país dividido por el debate migratorio.
Fuente: Noticias Sin
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