El Consejo General del INE ha dado su visto bueno de manera unánime al presupuesto precautorio para la realización de la elección judicial, fijándolo en 13 mil 205 millones de pesos. Sin embargo, los consejeros han señalado que la organización de este proceso permanece paralizada debido a las suspensiones judiciales en curso.
La decisión de emitir este presupuesto, que podría ser modificado dependiendo de la resolución de una acción de inconstitucionalidad que será discutida el 5 de noviembre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, responde a la falta de certeza jurídica en torno al proceso electoral.
Este monto aprobado supera los 8 mil millones de pesos asignados para la elección federal de 2024. Además, el INE también aprobó su presupuesto base y cartera institucional de proyectos para 2025, que alcanza los 15 mil 295 millones de pesos, excluyendo las prerrogativas de los partidos políticos.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, explicó que la proyección del presupuesto se realizó con base en análisis previos a la recepción de la primera notificación de suspensión, destacando que estos fondos se destinarán a la instalación de 170 mil casillas y la compra de material electoral necesario.
Por su parte, la consejera Claudia Zavala recordó que existen determinaciones judiciales de distintas autoridades respecto a la reforma judicial, aunque enfatizó que la aprobación del presupuesto no interfiere con las suspensiones actuales.
Dania Ravel, otra consejera, indicó que las suspensiones han impedido avanzar en la organización de la elección, por lo que aún no se ha aprobado el marco geográfico electoral, fundamental para la capacitación y organización del proceso electoral.
El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, instó a los consejeros a explorar alternativas que permitan hacer el proceso electoral más económico, sin sacrificar la calidad y confiabilidad. Mientras tanto, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, hizo un llamado a defender la autonomía del INE frente a posibles presiones relacionadas con el presupuesto.
Por otro lado, el diputado del PRI, Emilio Suárez Licona, criticó la reforma judicial, afirmando que su implementación costará al pueblo de México 13 mil millones de pesos, cantidad que podría destinarse a 16 hospitales integrales, 90 mil tratamientos para mujeres con cáncer de mama, 11 campos universitarios, o 153 preparatorias, entre otros.
Fuente: El Universal