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Guatemala
El Congreso aprobó de forma urgente la Ley de Competencia tras intensas negociaciones del sector oficialista. Con un solo debate, la propuesta obtuvo el respaldo de 115 diputados, logrando así su aprobación inmediata. Esta iniciativa, que había sido uno de los objetivos de Movimiento Semilla, había sido suspendida previamente por falta de acuerdos, pero con un nuevo dictamen de la Comisión de Economía, consiguió el apoyo de diversos bloques parlamentarios.
La Ley de Competencia, que consta de 121 artículos, incluye la creación de la Superintendencia de Competencia, encargada de garantizar el cumplimiento de la ley, investigar malas prácticas en el mercado y sancionar a los infractores.
El texto fue leído por los secretarios de la Junta Directiva, aunque la comprensión de algunos artículos fue dificultosa debido a la deficiente lectura, lo que impidió escuchar con claridad varias secciones. Sin embargo, la digitalización de algunas enmiendas, que sólo modificaban términos, permitió conocer los detalles de la ley.
A pesar de que la hora ya estaba avanzada, con el reloj cerca de la medianoche, los diputados permanecieron en el hemiciclo, aunque no todos prestaban atención plena al debate.
La ley contempla sanciones por prácticas anticompetitivas, diferenciando entre conductas relativas y absolutas. Entre las malas prácticas relativas se incluyen acuerdos sobre precios, la segmentación de mercados y la restricción de la producción, entre otras. Las prácticas absolutas abarcan desde la imposición de precios hasta la obstrucción del acceso a insumos esenciales y la exclusión injustificada de agentes económicos de asociaciones gremiales.
Las sanciones para estas conductas pueden ser severas, con multas que llegan hasta los 200 mil salarios mínimos diarios no agrícolas, lo que equivale a más de Q600 millones.
Con la ley se crea la Superintendencia de Competencia, cuya dirección estará a cargo de un directorio compuesto por representantes del Presidente en Consejo de Ministros, el Congreso, y la Junta Monetaria. El directorio tendrá un periodo de funcionamiento de seis años, con una presidencia rotativa que comenzará por el representante de mayor edad.
El objetivo de esta nueva autoridad será asegurar el cumplimiento de la ley, investigar denuncias por prácticas desleales y aplicar las sanciones correspondientes.
La Ley de Competencia ahora se encuentra en proceso de corrección y estilo en el Congreso, antes de ser enviada al presidente para su veto o sanción final.
Fuente: Prensa Libre
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